
Ya iniciado este 2026, el Gobierno de Perú aún no ha oficializado hasta hoy, martes 6 de enero, el nombre que llevará este año en la documentación estatal y administrativa, una tradición que cada enero, sobre todo durante la primera semana, capta la atención de la ciudadanía y de las instituciones públicas y privadas.
Según información oficial, la denominación todavía no ha sido publicada en el diario oficial El Peruano, el único medio autorizado para validar la disposición que establece el membrete obligatorio que regirá en todas las entidades del Estado.
Durante los primeros días de cada año, el Poder Ejecutivo define y publica el nombre oficial del periodo mediante un Decreto Supremo refrendado por el Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros. Este mecanismo se mantiene de forma ininterrumpida desde la década de 1960, luego de que el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry institucionalizara la costumbre.
La denominación debe ser utilizada de manera obligatoria en la documentación interna y externa de todas las dependencias del sector público, abarcando ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, organismos autónomos y entidades adscritas. En el ámbito privado, el uso de este membrete queda a discreción de cada institución.
Este proceso, aunque similar al de otros países, cumple en Perú una función administrativa y simbólica que busca resaltar prioridades nacionales, valores y mensajes de interés público. La costumbre de asignar un nombre al año no implica la creación de derechos ni obligaciones adicionales, pero sí establece un marco común de identificación que rige la actividad institucional durante los doce meses.
Expectativa y contexto
Al 4 de enero de 2026, el Gobierno del Perú no ha publicado el decreto correspondiente, por lo que la denominación oficial sigue pendiente. Fuentes del Ejecutivo coinciden en que el anuncio debería producirse en los próximos días, conforme al procedimiento habitual. Mientras tanto, las entidades estatales continúan utilizando el membrete vigente hasta el cierre de 2025, a la espera de la nueva disposición que marcará el inicio formal del periodo administrativo 2026.

En años anteriores, la elección del nombre ha reflejado coyunturas clave o prioridades de la agenda pública. Así, el Decreto Supremo N° 149-2024-PCM dispuso para 2019 la denominación “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”, en respuesta a desafíos económicos de aquel periodo. Para 2025, el Gobierno optó por “Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión”, en homenaje al destacado ideólogo y político de la independencia.
En esa ocasión, la propuesta partió del Gobierno Regional La Libertad y fue presentada a la entonces presidenta Dina Boluarte con el objetivo de resaltar la figura de Sánchez Carrión, nativo de Huamachuco y figura central en la redacción de la primera Constitución Política del país.
Importancia legal
El Diario Oficial El Peruano cumple un rol central en este proceso, ya que solo a través de su publicación la denominación adquiere validez legal y obligatoriedad administrativa.

Una vez divulgado el Decreto Supremo, el uso del nombre del año pasa a ser imperativo para todo el aparato estatal. De acuerdo con la práctica consolidada en las últimas décadas, el membrete permanece vigente durante los doce meses, hasta la emisión de la siguiente denominación.
Esta normativa no introduce cambios sustantivos en los derechos u obligaciones de los ciudadanos, pero sí constituye una herramienta de identificación institucional que refuerza la imagen y cohesión de la administración pública. El uso del nombre oficial del año, aunque optativo en el sector privado, es adoptado por diversas empresas, asociaciones civiles y centros educativos en sus comunicaciones y documentos.
La costumbre de denominar cada año responde a una lógica de continuidad administrativa. Desde la instauración de esta práctica, el Ejecutivo peruano ha vinculado la elección del nombre a acontecimientos históricos, aniversarios, metas de gobierno o valores emblemáticos.
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