
El nuevo presidente interino, José María Balcázar, asumió el cargo en un escenario político y social especialmente complejo. A menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, su gestión no solo enfrenta cuestionamientos desde distintas bancadas del Congreso, sino también el desafío inmediato de responder a los graves estragos que vienen dejando las intensas lluvias en el norte y sur del país.
Hasta el mediodía del martes 24 de febrero, se confirmaron seis personas fallecidas en Arequipa, además de numerosos inmuebles dañados e inundados. En Talara, en la región Piura, la situación era similar: calles anegadas, viviendas afectadas y tramos de la carretera Panamericana Norte comprometidos por el avance del agua. Las autoridades locales han advertido que, de continuar las precipitaciones, podrían registrarse nuevos daños en infraestructura vial y servicios básicos.
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El estado de emergencia fue declarado el 5 de febrero, durante el gobierno de transición encabezado por José Jerí, por un periodo de 60 días calendario. La medida alcanza a 21 regiones del país ante el muy alto riesgo generado por lluvias intensas y desbordes de ríos.
Las regiones comprendidas en la declaratoria son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. De acuerdo con reportes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), estas jurisdicciones presentan condiciones de riesgo elevado que podrían agravarse en el tramo más intenso del periodo de lluvias.
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En medio de esta coyuntura, la instalación del nuevo gabinete, encabezado por Hernando de Soto, también estuvo marcada por cambios de último momento. Aunque inicialmente trascendió que los ministros jurarían al cargo a las 11:00 de la mañana, posteriormente se informó que la ceremonia se realizaría a las 6:00 p. m. Mientras tanto, alcaldes y gobernadores regionales insistían en la necesidad de una respuesta más rápida del Ejecutivo para atender emergencias, habilitar vías y asistir a las familias damnificadas.
El desborde de la torrentera Chullo arrastró lodo, piedras y escombros por varios distritos en minutos. Facebook: Jaime de Alto Voltaje
Proceso electoral bajo presión
A la crisis climática se suma el reto político más relevante del mandato interino: garantizar un proceso electoral transparente y ordenado. Las Elecciones Generales 2026 se aproximan en un contexto inédito, ya que por primera vez en la historia del país la ciudadanía deberá elegir entre 38 candidatos presidenciales. Este escenario fragmentado incrementa la tensión política y la posibilidad de controversias posteriores.
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Tras la experiencia de los comicios de 2021, que derivaron en denuncias de fraude e impugnaciones prolongadas, Balcázar deberá extremar esfuerzos para asegurar la neutralidad del Ejecutivo y la confianza pública en las instituciones electorales. El menor indicio de interferencia podría desencadenar cuestionamientos que afecten la legitimidad del proceso.

En paralelo, algunas bancadas como Renovación Popular y Fuerza Popular no descartan impulsar una nueva moción de censura en su contra, lo que añade un componente de inestabilidad política en medio de la campaña electoral.
Seguridad ciudadana y pendientes del Ejecutivo
Otro frente crítico es la seguridad ciudadana. Durante la gestión de José Jerí quedó pendiente la presentación de un plan integral de seguridad nacional anunciado en diciembre de 2025 y que, según se indicó en su momento, debía convertirse en uno de los principales legados de su gobierno.
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Si bien la Policía Nacional del Perú ha ejecutado importantes capturas en los últimos meses, los ataques contra conductores de transporte público, las extorsiones a pequeños y medianos negocios y otros delitos de alto impacto continúan generando preocupación. La percepción de inseguridad se mantiene elevada en distintas ciudades del país.

En este contexto, Balcázar tiene como tarea prioritaria articular una estrategia que no solo reduzca los índices de criminalidad, sino que también recupere la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del orden interno. Asimismo, deberá impulsar la captura de prófugos de la justicia, entre ellos Vladimir Cerrón, líder y candidato de Perú Libre, con quien —según él mismo declaró públicamente— mantuvo contacto.
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