2025: Aciertos y desaciertos del sector pesquero

Para el sector pesquero el año que termina deja un mensaje acertado: cuando las decisiones públicas se apoyan en evidencia científica, reglas claras y supervisión efectiva, el sistema responde con resultados positivos; cuando la fiscalización es débil o la informalidad y la ilegalidad ganan espacio, los riesgos se trasladan directamente al recurso hidrobiológico, al empleo y a la sostenibilidad del sector.

Uno de los principales aciertos del año fue la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, gestionada con sólidos criterios técnicos. La estimación de biomasa, las cuotas basadas en evidencia científica y el respeto a los límites biológicos confirmaron que el modelo peruano de ordenamiento pesquero sigue siendo un referente internacional. La pesca para consumo humano indirecto volvió a demostrar que producción, productividad y sostenibilidad son objetivos absolutamente compatibles entre sí.

Sin embargo, el 2025 deja una lección clave: el sector pesquero demanda una fiscalización y supervisión mucho más robustas. La eficacia de cualquier política pesquera depende no solo de buenas normas, sino de su cumplimiento efectivo. Sin control real en los astilleros, en el mar, en los desembarques y en la trazabilidad, incluso las mejores decisiones técnicas pierden impacto.

La pesquería de pota fue otro eje central del año, tanto por su relevancia económica como por su aporte al consumo humano directo. Las autorizaciones de captura y las vedas reproductivas aplicadas mostraron que es posible aprovechar épocas de abundancia sin comprometer el futuro del recurso. Pero la pota también deja una enseñanza estratégica: no se puede gestionar solo desde la coyuntura. Su alta variabilidad biológica exige inversión sostenida en investigación, monitoreo permanente y respeto estricto de las normas, especialmente en un contexto de cambio climático.

A estas fortalezas se contrapone un problema que no puede seguir postergándose: el REINFO pesquero. Un mecanismo concebido como excepcional corre el riesgo de consolidar la informalidad si no se acompaña de plazos claros, fiscalización real y sanciones efectivas. La informalidad no protege al pescador artesanal ni al recurso; por el contrario, genera competencia desleal, no genera recursos al fisco, distorsiona los mercados y debilita la gobernanza pesquera. En este punto, el 2025 deja claro que sin supervisión firme no hay ordenamiento posible.

El balance tampoco puede omitir la situación del sur del país, una zona con dinámicas oceanográficas, productivas y sociales propias, claramente distintas a las del norte y centro, incluso desde el punto de vista geográfico. Esa singularidad exige un marco normativo que se adapte a su realidad y permita reactivar una pesca que durante años sostuvo empleo, inversión y desarrollo local. De cara al 2026, el reto pendiente es claro: reconstruir un régimen pesquero para el sur que permita nuevamente la convivencia ordenada entre la pesca industrial y la artesanal, bajo reglas claras, fiscalización efectiva y enfoque territorial.

De cara al 2026, el desafío es evidente. El sector pesquero no sólo necesita reglas claras, instituciones fuertes y un sistema de fiscalización efectivo, sino que se hagan respetar los mismos. No se trata de más normas, sino de mejor cumplimiento. La sostenibilidad del recurso hidrobiológico y por ende la prevalencia del sector pesquero como motor del país, depende tanto de datos científicos que sustenta nuestra legislación especial, así como de la capacidad de hacerla respetar.