El dolor no prescribe. Han pasado 24 años desde la noche en que el fuego arrasó Mesa Redonda, pero para los familiares de las víctimas el tiempo se quedó detenido entre la pérdida, la ausencia y una justicia que nunca llegó. Este domingo, en el convento San Francisco, deudos volvieron a reunirse para recordar a quienes murieron, desaparecieron o quedaron marcados para siempre por una de las tragedias más devastadoras del Perú.
La mañana estuvo marcada por el recogimiento y la exigencia. Tras la misa en memoria de las víctimas, familiares expresaron, en entrevista con RPP Noticias, que el duelo sigue vivo y que el Estado les ha dado la espalda durante más de dos décadas. Entre ellos estuvo Rodrigo Muñoz, quien perdió a su esposa, Catalina Olegaria Arias Mayta, comerciante que salió a trabajar el 29 de diciembre de 2001 y nunca regresó.
Muñoz recuerda que quedó solo a cargo de sus tres hijos, uno de ellos de apenas 18 meses. “Han pasado gobierno tras gobierno y nadie nos hace caso. Hemos presentado documentos, hemos hecho trámites, pero no hay justicia”, reclamó. Hoy, sus hijos ya son profesionales, pero la herida permanece abierta.
Desaparecidos sin cuerpo, duelos sin cierre
El drama se repite en decenas de familias. Rubén Pajua Huaccachi, presidente de la Asociación de Deudos Quemados y Huérfanos, relató que hasta hoy no ha podido recuperar el cuerpo de su esposa. “Solo me dicen que está muerta por muerte presunta. Nunca me entregaron un cuerpo. ¿Cómo se supera algo así?”, cuestionó.
Para él y otros deudos, fechas como Navidad o Año Nuevo dejaron de existir. “Ya han muerto más de cincuenta familiares sin ver justicia. Nosotros seguimos luchando por nuestros hijos, porque la vida no tiene precio”, dijo, al tiempo que pidió a las autoridades la construcción de un mausoleo que permita recordar a las víctimas.
La tragedia que truncó futuros
Entre los testimonios también estuvo el de Máximo Paipai Candela, quien perdió a su hijo Giomar Cristian Paipai Calderón, de apenas 16 años. El adolescente había ido a visitar a su hermana, que trabajaba en una galería de Mesa Redonda. Cuando ocurrió el incendio, intentó refugiarse, pero murió asfixiado en un subterráneo.
Giomar estaba terminando el colegio y soñaba con estudiar ingeniería o medicina. “Era un muchacho muy inteligente”, recordó su padre. Como él, decenas de jóvenes vieron su futuro extinguirse esa noche.
El incendio que cambió Lima para siempre
La noche del 29 de diciembre de 2001, una explosión de pirotecnia en el cruce de los jirones Andahuaylas y Cusco desató un incendio de proporciones inéditas. El fuego se originó cuando un vendedor informal detonó un artefacto conocido como “chocolates”, provocando una reacción en cadena entre cerca de 900 toneladas de productos pirotécnicos almacenados ilegalmente.
Las llamas se extendieron por cinco galerías comerciales y cuatro manzanas del centro de Lima. Según cifras oficiales, murieron 277 personas, aunque en 2021 las autoridades reconocieron que el número real podría superar las 400 víctimas, incluyendo personas nunca identificadas. Hubo cerca de 250 heridos, 18 bomberos lesionados, 189 desaparecidos, entre ellos 28 niñas y niños, y 73 menores quedaron en orfandad.
Las temperaturas alcanzaron los 800 °C, y en el epicentro del incendio llegaron hasta los 1.200 °C, carbonizando cuerpos y vehículos. El entonces comandante de los Bomberos, Tulio Nicolini, resumió la magnitud del desastre: “A mucha gente solo se le reconoció por el pelo”.
Identificación tardía y tumbas sin nombre
La identificación de las víctimas fue un proceso largo y doloroso. Muchos cuerpos quedaron irreconocibles y se recurrió a pruebas de ADN y registros dentales. Algunas identificaciones tardaron más de un año. Otras nunca se lograron.
Al menos 83 personas fueron enterradas como NN en el cementerio El Ángel. En el pabellón San Francisco, lápidas con códigos reemplazan nombres que jamás pudieron recuperarse. Aun así, familiares y visitantes dejan flores, como un gesto de memoria frente al olvido.
Una justicia que no llega
La búsqueda de responsabilidades continúa inconclusa. El abogado de las familias, Félix Horna, ha señalado que la justicia no alcanzó a los principales responsables, entre ellos la Municipalidad de Lima, el Ministerio del Interior y el empresario Ricardo Wong, acusado de ordenar el almacenamiento masivo de pirotecnia en la zona.
En 2010, los deudos llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando al Estado peruano por violar derechos fundamentales como la vida, la integridad y el debido proceso. La demanda fue admitida nueve años después. Aunque se establecieron reparaciones civiles —200 mil soles por fallecido y 30 mil por herido—, los familiares denuncian que estas compensaciones no se han cumplido plenamente.
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