Una joven de 22 años, identificada como Melany Lino Cruz, libra una dura batalla por sobrevivir tras haber sido víctima de un ataque incendiario la tarde del sábado 20 de diciembre, dentro de las oficinas de la empresa inmobiliaria RyG, ubicadas en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad. El ataque ocurrió solo dos días después del asesinato de la regidora Elena Rojas.
De acuerdo con la información recabada, dos sujetos desconocidos ingresaron al local y, tras un breve intercambio de palabras, rociaron un líquido inflamable sobre Melany y le prendieron fuego directamente al cuerpo, para luego huir del lugar. El violento hecho fue presenciado por una pareja de adultos mayores que se encontraba cerca, quienes auxiliaron a la joven y la trasladaron de inmediato al hospital regional.
Desde ese momento, la trabajadora de la inmobiliaria permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 80 % del cuerpo, lo que la mantiene en estado crítico y con pronóstico reservado.
Inmobiliaria RyG acusada de apropiación ilegal de terrenos
El atentado contra la joven se produce en un contexto de acusaciones cruzadas que, en las últimas semanas, involucran a la empresa inmobiliaria RyG y a la Municipalidad del centro poblado Luz del Sol, en medio de una serie de crímenes que han sacudido el distrito Chicama durante 2025.
Entre los casos más graves figuran los asesinatos del juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz y de la regidora distrital Elena Rojas Alcalde, ambos acribillados por sicarios. El gerente municipal de Luz del Sol, Emerson Kong, ha señalado públicamente a la inmobiliaria como presunto implicado en estos hechos, acusación que RyG rechaza tajantemente.
Las acusaciones contra la inmobiliaria se sustentan en documentos difundidos por medios locales como N60 que muestran que, durante la gestión del alcalde Edilberto Bada Castillo, la inmobiliaria R&G recibió constancias de posesión por casi 60 hectáreas de tierras, las cuales luego fueron lotizadas y vendidas a terceros.
La regidora asesinada, Elena Rojas, había denunciado públicamente que desde la Municipalidad Distrital de Chicama se emitían constancias de posesión a favor de inmobiliarias recientemente creadas, facilitando el tráfico de tierras. Audios filtrados refuerzan la hipótesis de una red de apropiación ilegal con apoyo de funcionarios municipales.
Representante de RyG acusa a funcionarios de integrar organización criminal
La representante de la inmobiliaria RyG, Jazmín González, se pronunció públicamente tras el ataque que dejó gravemente herida a su trabajadora Melany Lino Cruz y denunció que la empresa ha sido víctima de constantes amenazas e intentos de extorsión desde hace aproximadamente un año. Según afirmó, estas situaciones fueron denunciadas oportunamente ante la Policía Nacional del Perú, pero hasta ahora no se han registrado avances significativos en las investigaciones.
González precisó que, días antes del atentado, un grupo de personas intentó ingresar violentamente a las oficinas administrativas de la inmobiliaria, intento frustrado por la intervención de vecinos de la zona. Sin embargo, sostuvo que el ataque perpetrado el sábado ya no respondería a un intento de extorsión, sino a un claro intento de asesinato, presuntamente vinculado a las disputas por la posesión de terrenos en el valle Chicama.
“Han prendido viva a una chica que no tenía nada que ver con este conflicto. Es un hecho inhumano”, expresó González, visiblemente afectada. Exigió una investigación exhaustiva, imparcial y profunda que permita esclarecer no solo este atentado, sino también los crímenes que han enlutado al distrito de Chicama en los últimos meses.
La representante de RyG señaló directamente a funcionarios de la municipalidad del centro poblado Luz del Sol, perteneciente al distrito de Chicama, entre ellos Segundo Pedraza y Jean Flores Mori, como presuntos implicados en una organización criminal dedicada al tráfico de tierras. En ese contexto, cuestionó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.
“Todos los propietarios que colindan con Luz del Sol están muriendo. ¿Por qué nadie investiga qué ocurre realmente en esta zona?”, advirtió González, quien manifestó su temor por la seguridad de su familia y solicitó garantías personales ante lo que considera una escalada de violencia sin precedentes.
Una trabajadora ajena al conflicto
Melany Lino Cruz se desempeñaba como asistenta administrativa en la inmobiliaria RyG y no tenía vinculación alguna con las disputas que rodean actualmente a la empresa. Según su entorno familiar, la joven trabajaba para ayudar económicamente a su madre, una mujer de escasos recursos que hoy enfrenta este difícil momento con profunda angustia.
Ante la gravedad del caso, los familiares han solicitado el apoyo solidario de la población para afrontar los elevados gastos que demanda su atención médica especializada.
La Policía Nacional no descarta que el ataque a la joven esté relacionado con la disputa de terrenos que se intensifica en el distrito. Se han iniciado las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los responsables, mientras que el Ministerio Público evalúa las hipótesis del caso.
Mientras tanto, Melany Lino Cruz continúa luchando por su vida, convertida en una nueva y trágica víctima colateral de una violencia que mantiene en vilo a toda la región, administrada por el gobernador César Acuña.
La madre de la joven, devastada por la tragedia, ha solicitado justicia y ayuda económica para costear el tratamiento de su hija. Las contribuciones pueden realizarse a través de Yape al número 902 283 014, a nombre de Laura Cruz.
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