En una jornada marcada por la lucha contra el crimen organizado, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sostuvo en San Isidro que la ley se aplicará por igual para todos, después de un megaoperativo que dejó como saldo siete detenidos y la incautación de un importante cargamento de marihuana. Esta declaración llega cuando los casos de Ciro Castillo Rojo Salas, gobernador suspendido del Callao, y Ulises Villegas Rojas, alcalde de Comas, despiertan preocupación por su paradero luego de ser señalados por delitos graves y permanecer no habidos, mientras continúa la coordinación internacional frente a la crisis migratoria en la frontera norte.
La Policía Nacional mantiene activos los operativos orientados a ubicar a ambos exfuncionarios, bajo la premisa de que ninguno podrá eludir la justicia. Al mismo tiempo, las autoridades profundizan la cooperación con países como Ecuador y Chile para afrontar, de manera conjunta, el complejo panorama que presentan las redes criminales y el movimiento irregular de personas entre las fronteras.
“La ley es igual para todos”
El ministro Vicente Tiburcio, ante la consulta sobre la situación de Ciro Castillo y Ulises Villegas, enfatizó que no se hará distinción alguna en el cumplimiento de la ley. “Aquí no existen privilegios para nadie”, declaró ante la prensa, subrayando que el comandante general de la Policía recibió instrucciones precisas para intensificar la búsqueda de los prófugos, quienes cuentan con órdenes vigentes de captura según la Fiscalía.
Castillo Rojo Salas es investigado por presuntamente encabezar una red criminal dedicada a manipular contratos públicos en el Gobierno Regional del Callao y su par limeño, Ulises Villegas, fue condenado por colusión agravada tras favorecer a su propia empresa en obras viales. Ambos casos han generado un pedido de resultados rápidos por parte de la ciudadanía y la oposición política.
Incautan cargamento de marihuana
Durante la presentación de resultados de un reciente operativo, la Policía Nacional exhibió noventa y ocho cajas con mil trescientos ochenta y un paquetes de marihuana, que alcanzaron un peso aproximado de 1.500 kilos. El ministro explicó que los paquetes llevaban identificaciones características de diversas organizaciones delictivas, las cuales usan estos distintivos para marcar la propiedad de los cargamentos.
Los elementos confiscados estaban listos para su traslado fuera del país, con rutas que incluían zonas costeras y posibles destinos hacia el sur del continente. El decomiso forma parte de las acciones que la Policía impulsa contra el tráfico internacional de estupefacientes, señalado como un factor clave en la expansión del crimen organizado.
Presencia y cooperación internacional
En el mismo pronunciamiento, Tiburcio se refirió a la situación en los límites fronterizos, donde la presión sobre los distritos cercanos a Ecuador ha aumentado tras la declaratoria de emergencia. El funcionario precisó que la cancillería peruana se mantiene en contacto permanente con sus contrapartes de Ecuador y Chile para diseñar estrategias de contingencia ante el flujo de migrantes y evitar que queden varados en zonas intermedias.
El refuerzo con personal militar en los accesos fronterizos busca frenar el ingreso irregular, mientras se mantienen canales abiertos con organismos internacionales para contener los efectos humanitarios y de seguridad derivados de este fenómeno. Las autoridades insisten en que el objetivo es dar atención a la problemática de manera coordinada y con apego a la legislación nacional.
Autoridades bajo lupa
La investigación fiscal sobre Ciro Castillo Rojo Salas y Ulises Villegas Rojas continúa sumando evidencias, desde presuntos casos de colusión hasta direccionamiento de contratos en la administración pública. En ambos procesos, las defensas niegan los cargos y han manifestado que sus patrocinados permanecen en el país, aunque no han sido localizados por la policía pese a la orden de captura.
La suspensión de Castillo por parte del Consejo Regional del Callao y la condena firme contra Villegas por parte del Poder Judicial han agudizado la discusión sobre la eficacia de los mecanismos de control en el Estado. El Ejecutivo reitera su disposición a colaborar con la justicia y a mantener informada a la opinión pública sobre los avances en estos casos.
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