Lo que debía ser la recta final del año escolar se convirtió en una pesadilla para seis profesores de un colegio público de Villa María del Triunfo. Dos alumnos de quinto de secundaria los habrían extorsionado con amenazas de muerte, enviándoles videos y audios con armas de fuego para obligarlos a aprobarlos.
El caso, calificado por la Policía como “sin precedentes”, terminó con ambos estudiantes intervenidos y bajo investigación fiscal.
Un caso sin precedentes en un colegio de Lima Sur
El coronel PNP Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, informó que la Policía Nacional intervino a dos estudiantes del colegio República del Ecuador, luego de recibir la denuncia formal de seis docentes que venían siendo víctimas de extorsión a través de WhatsApp.
“Recibimos mensajes amenazantes con armas de fuego, audios violentos y videos donde se apreciaban municiones. Les exigían aprobarlos de año o, de lo contrario, los iban a atacar”, detalló Obando.
Las amenazas se registraron entre el 12 y el 15 de diciembre, días clave previos a la publicación de las notas finales del año escolar.
Seguimiento a docentes y amenazas de muerte
Según la investigación policial, los mensajes no solo contenían imágenes de armas, sino también referencias directas a los movimientos diarios de los profesores. Los alumnos señalaban que sabían por dónde se desplazaban y advertían que los seguirían hasta sus domicilios.
El nivel de intimidación fue tal que varios docentes dejaron de asistir al colegio por temor. Incluso, cuando los profesores optaron por no ir a clases, los mensajes continuaron. “Sabemos que no están yendo al colegio, pero igual tienen que aprobar”, les escribían, según relató el coronel Obando.
Los cursos más exigentes, en la mira
Las amenazas no fueron al azar. La Policía detectó que los docentes extorsionados dictaban los cursos considerados más difíciles, como matemática, física e historia. En contraste, profesores de materias como educación física o religión no fueron intimidados.
Las indagaciones preliminares revelan que los dos estudiantes implicados tenían altas probabilidades de repetir el año escolar, lo que habría motivado la presión violenta contra los docentes.
¿Quiénes son los alumnos intervenidos?
Uno de los intervenidos es menor de edad, tiene 17 años, y el otro tiene 19. Ambos cursaban el quinto año de secundaria en la misma institución educativa.
El mayor de edad figuraba como titular de la línea telefónica desde donde se enviaron los mensajes. Inicialmente negó su participación, pero luego admitió que había adquirido el chip en octubre y que se lo entregó a su compañero. El menor, por su parte, reconoció haber enviado los mensajes extorsivos y explicó que los videos con armas los obtuvo a través de un familiar.
Lo que más alertó a la Policía fue el grado de violencia de los mensajes. “No eran videos sacados de redes sociales. Se trataba de material grabado, con amenazas directas, impactos de bala simulados y un lenguaje propio de una cultura delictiva”, advirtió Obando.
Intervención policial y proceso fiscal en marcha
Tras la denuncia de los docentes, la Brigada Especial contra el Crimen actuó de inmediato. Con apoyo de herramientas de rastreo y coordinación con las operadoras telefónicas, se identificó el número desde donde se enviaban las amenazas y se realizaron dos intervenciones que permitieron detener a los implicados.
Ambos estudiantes permanecen bajo investigación en una sede policial de Lima Sur, con la conducción jurídica del Ministerio Público. El fiscal competente de Villa María del Triunfo determinará en los próximos días la situación legal del menor y del joven mayor de edad.
Docentes con denuncia formal y un colegio en alerta
La Policía confirmó que los seis profesores afectados presentaron denuncia formal por extorsión. El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y encendió las alertas sobre la normalización de la violencia y el uso de amenazas criminales dentro del entorno escolar.
Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y definir las sanciones correspondientes, mientras las autoridades buscan garantizar la seguridad de los docentes y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
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