
Una operación policial y fiscal de gran magnitud sacudió el Callao desde la madrugada. Bajo la coordinación de la Dirección contra la Corrupción, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron simultáneamente 27 allanamientos en domicilios y oficinas de funcionarios públicos e instalaciones ligadas al Gobierno Regional. Estas acciones forman parte de una investigación por supuestos delitos de administración pública, particularmente por colusión agravada, en los procesos de adjudicación y compras estatales.
El caso, denominado “Los Socios del Callao”, involucra a diversas figuras del aparato estatal regional y expone una presunta estructura criminal dedicada al direccionamiento de contratos con fondos públicos. La situación adquirió mayor notoriedad debido a que el gobernador Ciro Castillo, señalado como principal investigado y presunto líder del esquema, no fue ubicado durante las diligencias y su paradero sigue siendo incierto.
El paradero desconocido del gobernador

Ciro Castillo continúa con paradero desconocido luego del despliegue policial y fiscal iniciado en la madrugada del lunes, que incluyó allanamientos en domicilios y oficinas relacionadas al gobernador regional. En su vivienda de La Punta, la Policía y el Ministerio Público solo encontraron a personal de seguridad y a representantes fiscales revisando documentos, sin rastros del mandatario. La defensa, coordinada por el abogado Humberto Abanto, mantiene el hermetismo sobre su localización y se limita a rechazar los cargos, alegando falta de notificación formal respecto a la orden judicial.
En las últimas horas, el penalista Vladimir Padilla ha advertido que una presunta fuga de información desde la Fiscalía o la Defensoría Pública habría permitido que Castillo conozca de antemano el megaoperativo y la orden de detención en su contra, facilitando su evasión. Mientras tanto, todas las alertas migratorias permanecen activadas y el general Óscar Lira, jefe de la División de Corrupción de la Policía Nacional, ha reafirmado en TV Perú que “no va a poder salir porque ya tiene requisitoria en todos los puertos fronterizos”. Pese a la búsqueda intensiva, el gobernador permanece prófugo y no ha emitido comunicación oficial desde que se dictó la medida judicial.
Siete detenidos y 27 allanamientos tras la operación
Las diligencias simultáneas arrojaron como resultado la detención de siete personas, entre funcionarios, asesores y presuntos proveedores involucrados con el Gobierno Regional. Según la Fiscalía, el operativo constituye uno de los despliegues más amplios en la provincia en lo que va del año, y se centró en recabar evidencias sobre el supuesto direccionamiento irregular de contratos públicos menores a ocho UIT, mecanismo usado para eludir procesos regulares de licitación.
Las autoridades acusan a la red de coordinar la entrega de órdenes de compra y servicio a favor de empresas previamente determinadas. El monto comprometido en estas operaciones supera el millón y medio de soles, de acuerdo con la información recogida en la investigación.
Durante la madrugada, la Policía Nacional y la Fiscalía ocuparon oficinas administrativas, departamentos y vehículos, así como almacenes vinculados a la gestión regional, en busca de documentos y dispositivos electrónicos que permitan esclarecer la magnitud de la trama delictiva. Entre los detenidos se encuentran asesores y responsables de logística, quienes permanecerán bajo detención preliminar hasta por quince días mientras avanzan las pesquisas.
Lo que dijo el abogado de Ciro Castillo
En el exterior de la residencia de Castillo, el abogado Humberto Abanto fue interceptado por la prensa. El defensor reivindicó la inocencia de su patrocinado, calificó de arbitrario el procedimiento y anunció la presentación de recursos legales para apelar la orden judicial. Expresó que el acta del allanamiento indica que la diligencia resultó infructuosa al no haber encontrado pruebas sustantivas en el inmueble inspeccionado.
Abanto criticó la falta de una comunicación formal previa de la investigación a la defensa técnica y cuestionó la fundamentación del juez para la adopción de medidas restrictivas de libertad. El representante legal reiteró ante los medios que la investigación sigue en una fase preliminar y que, hasta la fecha, no existen acusaciones formalizadas contra Castillo. Sin embargo, se negó a responder sobre el paradero de su cliente.

Red “Los Socios” bajo la lupa y el impacto institucional
El Ministerio Público sostiene que la presunta red delictiva identificada como “Los Socios del Callao” operó desde el inicio de la gestión de Ciro Castillo, implementando mecanismos de adjudicación directa en compras estatales por montos que no exigían licitación. Funcionarios y servidores del gobierno regional habrían actuado en coordinación para favorecer reiteradamente a ciertas empresas, multiplicando el daño patrimonial al Estado.
Los detenidos incluyen a jefes de logística, asesores clave y encargados de almacén, mientras se investigan los vínculos con proveedores específicos. Las diligencias continúan en distintos puntos del Callao, en paralelo con la búsqueda activa del gobernador. El caso sigue su curso en etapa preliminar, bajo un amplio interés de la ciudadanía y el seguimiento de organismos de control.
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