La representación en Perú del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, levantó la voz para expresar su “profunda preocupación y firme rechazo” frente a los recientes procedimientos policiales desplegados en territorio peruano. Según la agrupación, estos operativos se ejecutaron “de forma selectiva contra ciudadanos venezolanos”, cuestionando la legalidad y legitimidad de las acciones policiales.
Requisas, traslados masivos y exposición pública
A través de un comunicado, Vente Venezuela denunció que los operativos se caracterizaron por requisas masivas, traslados forzosos a comisarías y exposición pública de migrantes venezolanos, muchos de los cuales —aclaran— contaban con documentación migratoria regular. La organización apuntó directamente a un operativo realizado en las últimas horas, donde cerca de 1.500 venezolanos fueron trasladados a dependencias policiales en diversas ciudades del país. Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, solo unos 90 de ellos estaban en situación migratoria irregular.
Para VV, estas cifras demuestran que las fuerzas del orden actuaron de manera “desproporcionada, arbitraria y carente de razonabilidad jurídica”. Además, la agrupación enfatizó que las propias estadísticas oficiales del Estado peruano “desmontan cualquier intento de estigmatización” hacia la comunidad venezolana.
Testimonios de maltrato y exigencias de revisión
La denuncia de Vente Venezuela en Perú incluye “múltiples testimonios” sobre maltratos verbales, tratos humillantes y exposición mediática de venezolanos ante los medios, situaciones que los someten al escarnio público, incluso en ausencia de imputación de delito alguno. En ese contexto, la organización exigió el cese inmediato de los operativos policiales discriminatorios contra ciudadanos venezolanos en situación regular, instando a que se revisen urgentemente los protocolos de intervención policial para garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos.
VV también solicitó sanciones administrativas contra los agentes responsables comprobados de maltrato o abuso de autoridad, así como la apertura de un espacio de diálogo entre el Estado peruano y las organizaciones de la diáspora venezolana, para construir verdaderas soluciones técnicas y respetuosas.
Respuesta del Gobierno peruano
Por su parte, las autoridades peruanas defendieron la intervención masiva ejecutada en Lima, Callao, Arequipa y Trujillo, la cual fue supervisada por el presidente José Jerí. La acción fue presentada como parte de la estrategia oficial para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. El primer ministro, Ernesto Álvarez, recordó que tanto Lima como el Callao se encuentran en estado de emergencia, lo que permite legalmente exigir la identificación de extranjeros y realizar controles intensivos.
Álvarez recalcó que “Perú es un país abierto a todas las personas, nacionales o extranjeras, pero que exige que quienes lleguen se dediquen a trabajar y a contribuir productivamente”. El gobierno reiteró que no permitirá la permanencia de migrantes en situación irregular y que los operativos continuarán “en el marco de la ley”.
Un país receptor bajo presión
A lo largo de los últimos años, Perú se ha consolidado como el segundo país del mundo con mayor número de migrantes venezolanos, solo por detrás de Colombia. Cifras oficiales prevén que más de 1,5 millones de venezolanos han llegado al país, lo que supone enormes retos de integración social, servicios y convivencia.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, junto a representantes de la comunidad venezolana, advierten sobre los efectos negativos de los operativos masivos, el riesgo de estigmatización y los peligros de una política de seguridad basada en la nacionalidad. Vente Venezuela subrayó que la lucha contra la delincuencia nunca debe derivar en un trato discriminatorio, recordando el aporte que la mayoría de migrantes hace a la economía y la cultura del país.
El llamado de la organización es claro: detener las prácticas que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de los migrantes, promover canales institucionalizados de diálogo y avanzar hacia políticas migratorias equilibradas y humanas. El debate en torno a los operativos policiales pone de relieve el desafío de garantizar la seguridad pública sin renunciar al respeto de los principios básicos en una sociedad diversa y en permanente transformación.
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