Familias de extranjeros detenidos en operativo migratorio reclaman información: no saben si los liberarán o expulsarán del Perú

Familiares de decenas de ciudadanos extranjeros detenidos durante un reciente megaoperativo de control migratorio en Lima Metropolitana y el Callao se agolparon el viernes frente al complejo policial Juan Benites Luna, en el Rímac, sin obtener respuestas claras sobre el paradero ni el futuro legal de sus seres queridos. Los presentes, entre gritos y muestras de preocupación, reclamaron a las autoridades por la ausencia de información sobre los detenidos y se preguntaron si serían liberados o expulsados del país.

Incertidumbre y angustia

Desde temprano en la mañana, las familias llegaron al lugar trayendo alimentos y la esperanza de recibir noticias. Sin embargo, durante horas ningún funcionario les confirmó la situación legal de los intervenidos ni permitieron el ingreso de los víveres. Entre ellos se escuchaban súplicas: “¿Pueden pasar los alimentos, por favor?”. La confusión se apoderó del lugar.

Una madre presente relató su desesperación: “Mi hijo estaba dentro de mi tienda, adentro, y ahí lo sacaron y se lo llevaron a la fuerza. Él vino por las navidades, nada más. Él vive en Colombia con su papá, pero vino a visitarme porque estoy enferma, tengo diabetes y estuve hospitalizada. Ahora no sé nada de él”. Otro familiar contó cómo se enteró abruptamente de la detención de su hermano, quien se encontraba trabajando y de quien no tenía noticias desde el operativo: “A mí me llama, me dice: ‘Mano, a su hermano se lo llevaron’. Yo digo: ‘¿Pero cómo así? Si él estaba trabajando y no ha comido nada’. No sé nada de él desde ayer”.

También se denunció el uso de fuerza durante la detención. Una mujer explicó, mostrando evidencias, que su esposo fue golpeado por la policía: “Le dieron palazo en las costillas. Él no estaba en ningún lugar indebido, es un trabajador mecánico que vive aquí en Quito”.

Megaoperativo: contexto y cifras

El operativo fue encabezado por el presidente de la República, José Jerí, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, como parte de una estrategia del Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana en medio del estado de emergencia. La acción movilizó a la Policía Nacional del Perú y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, que desplegó 50 fiscalizadores equipados con tabletas electrónicas para verificar en tiempo real la identidad y situación migratoria de los extranjeros.

De acuerdo con las autoridades, aproximadamente 1.500 extranjeros fueron intervenidos simultáneamente en Lima Metropolitana y el Callao. Tras los controles, Migraciones determinó que 239 personas ingresaron de manera irregular al país y fueron derivadas a la Policía Nacional para enfrentar las sanciones administrativas correspondientes, incluido el proceso de expulsión a través del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

Según explicó Vicente Tiburcio, “Tenemos mil quinientas personas intervenidas, de los cuales ya han pasado como setecientas por Migraciones. Hemos detectado que noventa y nueve personas están en forma irregular y noventa más están próximos a su vencimiento de documentos”. El ministro recordó que “no hay espacio para el ciudadano extranjero que esté en situación irregular en nuestro país”. Añadió que los procedimientos de verificación continuarán de manera permanente.

Exigencia de respuestas

Mientras tanto, las familias siguen esperando definiciones. A pesar de que un efectivo policial salió a informar que los casos estaban siendo revisados uno por uno, el hermetismo persiste. Los familiares, sin acceso a información precisa ni contacto con los detenidos, enfrentan la angustia de no saber si sus parientes serán liberados o expulsados del Perú.

El Gobierno reiteró que quienes ingresaron irregularmente, así como aquellos con antecedentes o que representen un riesgo para el orden interno, serán objeto de medidas administrativas, incluida la expulsión. Sin embargo, la falta de información y la incertidumbre acrecientan la tensión entre quienes esperan respuestas y piden, ante todo, garantías para el debido proceso.