La tensión política volvió a instalarse en la antesala del Congreso tras una sesión que despertó cuestionamientos dentro y fuera del hemiciclo. En medio de una agenda cargada, un proyecto que parecía circunscrito a la demarcación territorial de la provincia de Canas terminó en el centro de un debate inesperado. El contenido del dictamen, que pasó a segunda votación sin mayor resistencia inicial, generó sorpresa cuando varios parlamentarios advirtieron que incluía puntos ajenos a la materia original.
Ese desconcierto abrió un nuevo capítulo en torno al futuro del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu. Desde distintos sectores se elevaron advertencias sobre una propuesta que, según gremios vinculados al turismo y la conservación, expone riesgos para la gestión del principal atractivo del país. El comunicado difundido por dichas organizaciones remarcó su alarma inicial: “Alertamos con máxima preocupación sobre las graves consecuencias que tendría la aprobación definitiva del proyecto de ley (11277) que propone crear una ‘Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu’”.
La controversia no solo alcanzó a la comunidad especializada. La propia dinámica del Pleno mostró un desorden legislativo que incomodó incluso a quienes respaldaron la votación previa. El presidente del Congreso decidió detener el proceso al notar que varios puntos incluidos en el texto eran desconocidos por una parte de los parlamentarios presentes, lo que llevó a retroceder el trámite y suspender el debate.
El intercambio de posiciones coincidió con la divulgación de un pronunciamiento en el que distintos gremios destacaron los riesgos de la iniciativa. El documento señaló que la medida “no debe ser refrendada en segunda votación por la Comisión Permanente” y sostuvo que “Machu Picchu no puede politizarse ni quedar sujeto a los vaivenes de gestiones regionales cuya experiencia, capacidades y criterios técnicos en la gestión del turismo sostenible resultan más que cuestionables”.
Advertencias y cuestionamientos a la propuesta
El texto de los gremios señaló que la propuesta legislativa ingresó “de manera subrepticia —como disposición adicional en un proyecto ajeno— sin debate técnico adecuado, sin consulta multisectorial y sin evaluar su impacto económico, ambiental ni turístico”. Según ese pronunciamiento, la medida expone un riesgo directo para la sostenibilidad del Santuario Histórico y del Valle Sagrado, así como para la posición competitiva del país en el mercado turístico internacional.
El comunicado añadió que la creación de la nueva autoridad “ignora las funciones técnicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)” y que “desconoce los riesgos advertidos por la UNESCO, la OMT y estudios del IPE sobre la sobrecarga turística, infraestructura insuficiente y mala gestión”. Además, recordó que el país recibió reconocimientos recientes en los World Travel Awards, lo que reforzaría la necesidad de mantener una coordinación sectorial amplia.
Los gremios fueron claros al expresar que entregar la conducción de Machupicchu “a una autoridad regional sin visión de competitividad ni enfoque multisectorial” pondría en peligro esa posición. Por ese motivo, exhortaron al Parlamento a no apoyar el proyecto y plantearon una alternativa: “Hacemos un llamado urgente para impulsar la creación de una verdadera Autoridad Autónoma de Gestión, presidida por el Mincetur y adscrita a dicho sector”.
El contenido del dictamen y sus implicancias
El dictamen del Proyecto de Ley N.° 11277 incluía disposiciones de demarcación territorial, pero también añadía modificaciones a la normatividad de las Cajas Municipales y la creación de la Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu. Según el texto, la nueva entidad sería un órgano ejecutor especializado, adscrito al Ministerio de Cultura, con un Consejo Directivo presidido por el gobernador del Cusco y conformado por representantes de distintos sectores.
La norma establecía que, en un plazo máximo de 90 días hábiles, un decreto supremo definiría su organización, funciones y forma de implementación. Asimismo, permitía destinar hasta el 50% de sus ingresos a la preservación de recursos arqueológicos y naturales, así como aprobar proyectos turísticos mediante autorización del Consejo Directivo.
La votación inicial perdió validez luego de que varios legisladores admitieron que desconocían los cambios introducidos. El presidente del Congreso dispuso el retroceso del trámite y la discusión quedó en un cuarto intermedio, a la espera de un nuevo análisis.
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