Luego de días de críticas y alertas por el riesgo de impunidad en cientos de denuncias de violencia sexual, el Ministerio Público anunció que reactivará las fiscalías especializadas de Río Santiago y El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La medida fue confirmada durante la movilización convocada para el 13 de febrero por organizaciones indígenas, que exigían la restitución inmediata del sistema de justicia en el territorio.
Durante la marcha, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, Rosemary Pioc Tenazoa, informó que el Ministerio Público decidió reactivar las fiscalías especializadas que habían sido desarticuladas semanas atrás por falta de presupuesto.
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Estas unidades —la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Río Santiago y El Cenepa— dejaron de operar tras el despido de 26 trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), entre asistentes de fiscalía y personal administrativo.
La decisión de cierre generó fuertes cuestionamientos debido a que en la provincia existen más de 800 denuncias por abuso sexual contra menores que se encontraban en investigación.
Confirmación desde la Junta de Fiscales de Amazonas
La reactivación fue confirmada por Gilder Zapana Mayta, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, quien señaló que la disposición fue adoptada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.
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Según indicó, ambas fiscalías retomarán funciones de manera inmediata y el Ministerio Público evalúa el retorno del personal despedido. La reposición de los trabajadores CAS aún se encuentra en proceso de evaluación interna.
Riesgo de impunidad y servicios paralizados
El cierre de estas fiscalías generó preocupación entre organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, ya que ponía en riesgo la continuidad de las investigaciones por violencia sexual en una de las provincias con mayores índices de denuncias contra niñas, niños y adolescentes.
Además, se advirtió que el desmantelamiento de estas unidades comprometía el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui —la primera instalada en la provincia— al dejar sin profesionales especializados los procesos de evaluación legal, psicológica y social de las víctimas.
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Cifras que reflejan una problemática persistente
Las denuncias por abuso sexual contra menores en Condorcanqui se mantienen en niveles elevados. De acuerdo con información de la UGEL, en 2024 se registraron 93 casos; en 2025, 87; y en lo que va de 2026 ya se ha reportado al menos un nuevo caso.
En promedio, la provincia registra alrededor de seis denuncias mensuales, una situación que había sido señalada como crítica por las organizaciones convocantes a la movilización.
Convocatoria previa y reclamos al Estado
La marcha del 13 de febrero fue anunciada previamente por el Consejo de Mujeres Awajún Wampis, que denunció públicamente la desactivación del sistema de justicia especializado en Condorcanqui y el riesgo de que más de 800 casos quedaran sin atención fiscal.
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Las organizaciones indígenas advirtieron que el despido del personal CAS debilitó gravemente la respuesta institucional frente a la violencia sexual y exigieron la restitución de las fiscalías, la reposición del personal especializado y garantías para la atención oportuna de las víctimas.
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