BID alerta que mayor gasto en salud y educación no mejora los resultados sociales en Perú por ineficiencia de gasto público

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alerta sobre la paradoja que enfrenta el Perú: el aumento del gasto público en salud y educación no ha conseguido los avances esperados en los indicadores sociales. Este fenómeno, lejos de ser aislado, refleja un desafío estructural presente en toda la Región Andina. El reciente informe del organismo, presentado por Jordi Prat durante el XXXVI Seminario Anual de Investigación CIES 2025, analiza las causas detrás de este estancamiento y propone una revisión profunda de los modelos de gestión presupuestaria.

Según el BID, la problemática central no se reduce a la cantidad de recursos invertidos, sino a la calidad, eficiencia y flexibilidad en su asignación y uso. La presencia de fuertes restricciones fiscales y una aplicación incompleta de las herramientas de evaluación impiden que el gasto contribuya de manera efectiva a mejorar los resultados en salud y educación. La persistencia de rigideces administrativas limita la capacidad de respuesta ante nuevas prioridades y debilita el impacto real de la inversión estatal.

Esta situación obliga a repensar los procesos institucionales y políticos que, año tras año, determinan el destino de los fondos públicos. El reporte insiste en que el énfasis no debe ponerse solo en alcanzar un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), sino en asegurar la transformación del gasto en mejores servicios y mayor bienestar para la población.

Rigidez presupuestaria

A pesar de que Perú ha cumplido con el mandato legal de destinar al menos el seis por ciento de su PBI a salud y educación, el incremento sostenido de la inversión en estas áreas no se ha traducido en mejoras proporcionales de los resultados sociales. El informe de Jordi Prat resalta que el verdadero desafío radica en la eficiencia y calidad en la ejecución, una problemática que también afecta a otros países vecinos.

La rigidez de la estructura presupuestaria, especialmente en lo referente a la masa salarial, limita sustancialmente la capacidad del gobierno para reasignar fondos hacia iniciativas de mayor impacto. Esta restricción, común en la región, dificulta la adaptación del gasto público a las nuevas necesidades y reduce el margen fiscal para infraestructura y programas transformadores. El BID subraya que, aunque Perú implementó el Presupuesto por Resultados como herramienta de alineación con metas concretas, su alcance real es limitado: la cobertura de evaluaciones es baja y los resultados rara vez influyen en decisiones presupuestarias futuras.

En opinión del BID, esta desconexión entre la evaluación y el ajuste de políticas impide perfeccionar el uso del gasto, lo que dificulta la mejora de su eficiencia con el paso del tiempo.

Restricciones y débil articulación estratégica

El informe identifica que los problemas de eficiencia y flexibilidad en el gasto público afectan a toda la Región Andina, incluyendo a Colombia, Ecuador y Bolivia. En estos países, una alta proporción del presupuesto se destina a la nómina, lo que impide reasignaciones efectivas y acentúa el peso de compromisos preexistentes. Además, la frágil articulación entre planes sectoriales de largo plazo y el Presupuesto General de la República refuerza una lógica incremental, donde la prioridad sigue siendo la continuidad histórica del gasto.

El estudio explica que la escasez de articulación entre la visión estratégica y la ejecución anual perpetúa la inercia, dificultando la consecución de metas nacionales a mediano plazo, y debilita la capacidad de innovación en la asignación de recursos.

El desafío de la descentralización también figura entre los pendientes de la región. Si bien Perú cuenta con mecanismos robustos de transferencia de competencias a los gobiernos regionales, otros países presentan modelos variados. Según el BID, el reto común es garantizar que los esquemas de descentralización deriven en mejores resultados sectoriales y permitan superar las desigualdades geográficas.

Inequidades territoriales

Las inequidades territoriales en la asignación de recursos, tanto humanos como financieros, bloquean la eficiencia sectorial en la región andina. En Colombia, aunque los departamentos más poblados reciben más financiación, permanecen brechas que sugieren la existencia de criterios adicionales que no siempre favorecen la eficiencia. El estudio destaca que, en Ecuador, existe una paradoja en la distribución de personal sanitario: provincias remotas presentan altas tasas de médicos y dentistas, mientras que áreas urbanas densamente pobladas cuentan con tasas considerablemente menores. Esto revela una asignación que no responde ni a las necesidades poblacionales ni a criterios de cobertura eficiente.

En el ámbito educativo de Ecuador, sobresalen disparidades notables entre la costa y la sierra, atribuibles a patrones históricos más que a principios pedagógicos. Bolivia refleja diferencias marcadas entre departamentos, como el caso de Santa Cruz y La Paz. A pesar de que Santa Cruz tiene una mayor población, el gasto por persona es más elevado en La Paz, lo que sugiere una estructura de distribución presupuestaria poco eficiente.

Caso peruano: gasto público y de bolsillo

El análisis del BID revela que, en Perú, la asignación diferenciada de recursos públicos por departamento no siempre reduce el gasto de bolsillo de las familias. De hecho, en aquellas regiones que reciben mayores fondos estatales, las familias también afrontan un gasto propio más alto. Aunque las transferencias públicas, especialmente en salud, aumentan, los montos no logran cubrir óptimamente las necesidades de la población, lo que obliga a los hogares a complementar con recursos propios el acceso a servicios esenciales.

Esta situación evidencia que no basta con incrementar el presupuesto, sino que urge revisar la calidad del gasto y fortalecer la focalización de las políticas públicas.

Transformación institucional

El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo concluye que mejorar los resultados de salud y educación en la región requiere transformar los procesos institucionales y políticos que determinan la negociación, asignación y ejecución de los recursos. Persiste la necesidad de abandonar la visión centrada exclusivamente en alcanzar el seis por ciento del PBI y de enfocarse en lograr una mayor eficiencia, equidad y calidad en la gestión del gasto público.

Solo así será posible cerrar las brechas actuales y garantizar que la inversión se traduzca en servicios de calidad y un futuro más prometedor para la población andina.