El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público para Óscar Acuña Peralta, en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias vinculados al denominado “caso Frigoinca” y al programa Qali Warma. De esta manera, el hermano de César Acuña permanecerá en libertad mientras continúa enfrentando la investigación, beneficiado por una reciente modificación legal que elevó el umbral de pena mínima exigida para dictar prisión preventiva.
La decisión del tribunal se sostiene en la modificación del Código Procesal Penal realizada por el Ejecutivo en noviembre de 2023, bajo la gestión de Dina Boluarte, con el argumento de favorecer el deshacinamiento en los penales del país. Desde entonces, solo se puede dictar prisión preventiva cuando la pena proyectada para el delito atribuido supera los cinco años.
El presunto tráfico de influencias que se imputa a Óscar Acuña tiene una pena mínima de cuatro años, por lo que la solicitud de 18 meses de prisión preventiva quedó descartada. La situación procesal solo podría variar si la Fiscalía amplía los cargos o surgen nuevas pruebas.
A pesar de encontrarse formalmente en libertad, el también militante de APP permanece fuera del alcance de las autoridades. Una investigación de La República reveló que el día en que la policía planificó su detención, una llamada telefónica recibida en un local de Alianza para el Progreso en Trujillo le alertó de la inminente captura. Abandonó rápidamente el local y su paradero es desconocido desde entonces, lo que impidió a los agentes ejecutar la orden de detención.
Mientras tanto, otros investigados por el caso sí han sido detenidos, como el exgerente regional Aníbal Morillo, procesado por presunto cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, cuyo pedido de prisión preventiva fue aprobado por el juzgado.
Detalles de la acusación fiscal
La Fiscalía Anticorrupción señala que el ahora fallecido empresario Nilo Burga habría entregado a Óscar Acuña S/77.000 para que, utilizando su influencia, gestionase contratos públicos del Gobierno Regional de La Libertad a favor de la empresa Frigoinca. En ese momento, su hermano César Acuña ejercía la máxima autoridad regional y mantenía una sólida alianza con el Ejecutivo.
Según la tesis fiscal, la finalidad del pago era asegurar contactos y gestiones dentro de la administración regional, cuyo resultado habría sido el favorecimiento de Frigoinca en procedimientos vinculados al suministro de alimentos para Qali Warma.
El Ministerio Público argumentó ante el tribunal la existencia de un riesgo de fuga e intentó demostrar que Acuña ocultaba conductas para evadir la acción de la justicia. No obstante, el tribunal determinó que no se cumplían los tres presupuestos legales necesarios para justificar la restricción de libertad.
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