Las pruebas de la Fiscalía contra Óscar Acuña, hermano de César Acuña, en el caso ‘Los fríos del hambre’

El 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado ordenó la detención preliminar por siete días de Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad César Acuña, en el marco de una investigación por tráfico de influencias en el caso ‘Los fríos del hambre’.

La medida se fundamenta en la presunta participación de Acuña como intermediario en una red de sobornos destinada a favorecer a la empresa Frigoinca en trámites sanitarios y licencias, según la resolución judicial y el expediente del juzgado.

De acuerdo con la resolución judicial a la que accedió Infobae Perú, la investigación se centra en una presunta organización criminal dedicada al pago sistemático de sobornos a funcionarios públicos para beneficiar a Frigoinca, empresa dedicada a la producción de conservas cárnicas. El caso involucra a empresarios, funcionarios de salud y operadores políticos, y se extiende principalmente en la región La Libertad, con epicentro en Trujillo y la planta de Frigoinca en Pacanga, Chepén.

El expediente detalla que la red operaba desde al menos 2023, cuando Nilo Burga Malca, empresario y presunto líder de la organización, buscó asegurar la renovación de licencias sanitarias para la planta de Frigoinca. Ante la posibilidad de que una inspección desfavorable pusiera en riesgo la continuidad de la empresa como proveedora del programa social Qali Warma, Burga recurrió a intermediarios para obtener protección e influencias dentro de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad.

¿Cuáles son las pruebas y elementos de convicción contra Óscar Acuña?

La resolución judicial atribuye a Óscar Acuña Peralta el rol de intermediario entre Frigoinca y la Geresa. Según el expediente, utilizó su posición y vínculos políticos para facilitar el contacto entre Nilo Burga y Aníbal Manuel Morillo Arqueros, gerente regional de Salud y funcionario de confianza del gobernador regional César Acuña Peralta.

El expediente consigna que Acuña habría recibido S/ 77.000 de Frigoinca, pagos que se presentaron formalmente como “préstamos” pero que, según la investigación, no fueron devueltos y estarían vinculados a su intervención para favorecer a la empresa.

Los desembolsos se realizaron entre octubre y diciembre de 2023, y se sustentan en actas fiscales, vouchers, cheques y cronogramas de pagos, así como declaraciones de colaboradores eficaces y testigos que describen las reuniones y transferencias de dinero entre los principales implicados.

La secuencia de los hechos incluye reuniones coordinadas por Acuña en la sede del partido Alianza Para el Progreso en Trujillo, llamadas directas al gerente regional de Salud y la organización de encuentros en los que se pactaron apoyos administrativos a cambio de pagos periódicos. Testimonios recogidos en el expediente, como el de Segundo Nelson Pineda Astopilco, gerente de operaciones de la planta de Frigoinca, corroboran la influencia ejercida por Acuña y los acuerdos alcanzados.

Argumentos de la detención preliminar

El juzgado fundamentó la detención preliminar en la existencia de elementos de convicción suficientes que vinculan a Acuña con el delito de tráfico de influencias, penado con hasta seis años de prisión. La resolución subraya la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculización de la investigación, dada la magnitud de la red y los vínculos políticos de los implicados.

El análisis judicial destaca que los pagos a Acuña y otros funcionarios no solo buscaban obtener licencias o inspecciones favorables, sino que también ponían en riesgo la calidad e inocuidad de los alimentos distribuidos a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de programas sociales. El expediente señala que la continuidad de la planta de Frigoinca, pese a hallazgos sanitarios adversos, se habría asegurado mediante la intervención de la red investigada.

La resolución también justifica la medida restrictiva por la necesidad de asegurar la presencia de los investigados para la realización de diligencias urgentes, como la declaración de los implicados y la extracción de información de dispositivos electrónicos incautados.