
“Estamos volviendo años atrás, eso es una gran victoria”: así ha resumido la congresista Milagros Aguayo la aprobación de la Ley N° 8731/2024-CR, presentada por la bancada de Renovación Popular, que propone la “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, derogando la vigente Ley N° 28983. La misma congresista que propuso el año pasado suscribir un convenio entre el Ministerio de Educación y las iglesias cristianas evangélicas para gestionar las escuelas públicas, incumpliendo el artículo 50 de la Constitución sobre la separación de las iglesias y el Estado. Iglesias como La Casa del Padre, aún propiedad de su esposo, donde acumularon un patrimonio millonario a base de diezmos, charlas y merchandising. El intento de hacer negocio con esa propuesta inconstitucional fue fallido, pero Aguayo vuelve a la carga.
Bajo el pretexto de perfeccionar la anterior ley, se introducen modificaciones centradas en cambios de palabras como “sexo” en lugar de “género” e “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” en lugar de “igualdad de hecho entre mujeres y hombres”, que parecerían menores. Pero la realidad está más abajo, con graves retrocesos como la eliminación de la “Educación Sexual Integral” (ESI), la cual debe ser sustituida por una “educación sexual con calidad científica, ética y valores”, sin definir qué ciencia ni qué valores. Además, la norma incide en que dicha educación cautele las convicciones morales y religiosas de los padres, los cuales tendrían derecho a participar en la misma, sin aclarar si ese derecho incluye veto.
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En 2022, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) concluyó en una encuesta que el 82% de los peruanos apoyaba la ESI en las escuelas. Incluso entre los conservadores, 7 de cada 10 estaban a favor de la ESI. Mientras la ciudadanía quiere que las escuelas prevengan a sus hijos de los peligros del embarazo temprano, los pederastas y el ciberacoso, los congresistas como Bellido, Acuña y Barbarán proponen una vuelta a la Edad Media. Dicen defender a la familia, pero no han promovido ninguna iniciativa para prevenir las agresiones sexuales contra los niños, que según fuentes oficiales del MIMP, son perpetradas mayoritariamente por un familiar, ni han tomado acción para prevenir el acoso sexual en redes sociales. En mayo de este año, un informe de la Red Grooming LATAM, en la que participa la organización peruana CHS Alternativo, recabó datos de 14 países, evidenciando que 6 de cada 10 menores de edad han mantenido conversaciones online con desconocidos, exponiéndose al peligro de propuestas sexuales encubiertas. Mientras los congresistas derogan la ESI bajo el argumento de que fomenta la sexualidad temprana, los menores acceden a pornografía cada día a través de sus celulares, sin respuesta estatal.
Otro de los puntos centrales de esta “Ley Retro” es que se elimina la capacitación de jueces y fiscales en temas de “género”. Con 18,936 denuncias entre enero y octubre de 2025 por delitos contra la libertad sexual (SIDPOL), en los que el 99% de los agresores son varones, los legisladores consideran suficiente capacitar a los operadores de justicia solo en “igualdad de oportunidades”, dejando de lado un enfoque que considere el sexo femenino como víctima mayoritaria de estos graves delitos. De ahí sentencias como la del juez en Piura, que desestimó una tentativa de feminicidio contra un agresor que roció a su expareja con aceite de motocicleta e intentó prenderle fuego, argumentando que el aceite “estaba frío” y el agresor no tenía un fósforo a la mano, concluyendo que “no tuvo la intención de matar”, o la sentencia de la truza color rojo que fue considerada como provocadora en un caso de violación en Ica.
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Este es el nuevo mundo del congreso de los sueldos de 50 mil soles: decisiones tomadas a espaldas de la realidad, basadas en intereses particulares. Así conmemoramos un nuevo 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, desde las cavernas de la sinrazón.

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