El verdadero equilibrio

Desde hace algunas semanas vemos varias voces coordinadas defendiendo la necesidad de un “equilibrio” entre conservación y desarrollo económico, entre cuidado del ambiente y actividad económica, como argumento principal para defender la posición de permitir la pesca industrial dentro de las áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional de Paracas. La elección de esta narrativa parece apuntar a un intento de presentar a quienes apoyan esta posición como el lado razonable, y a quienes la critican como radicales que apuntan al todo o nada. Sin embargo, esta supuesta búsqueda de equilibrio esconde dos problemas de fondo:

El primero y más importante es que se trata de una falsa disyuntiva. Conservación y desarrollo económico no son dos conceptos opuestos entre los que haya que buscar un punto medio; por el contrario, el cuidado de nuestros ecosistemas y recursos naturales es una premisa clave e indispensable para asegurar que actividades económicas como la pesca sean sostenibles en el tiempo y se traduzcan en beneficios económicos y sociales para el país, y no solo en ganancias de corto plazo para quienes hoy realizan la actividad.

En segundo lugar, plantear como el punto de equilibrio deseado el ingreso de actividades extractivas de gran escala a las áreas naturales protegidas, esas pocas zonas priorizadas por el Estado como refugio para la biodiversidad, rompería precisamente el balance que se dice querer encontrar.

Toda actividad humana tiene impactos en el ambiente; mientras mayor la escala de la actividad, mayor el impacto. Este es el origen del Derecho Ambiental, la necesidad de establecer reglas que definan qué nivel de impacto es aceptable, dónde y cuándo. En esta lógica, el sistema de áreas naturales protegidas tiene como objetivo identificar zonas prioritarias que sirvan de refugio para conservar muestras representativas de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Debilitar las reglas que protegen estas zonas no garantizaría un equilibrio entre actividad económica y cuidado ambiental, sino que, por el contrario, lo rompería. Las voces que reclaman lo contrario omiten detalles importantes que deben ser puestos en la balanza:

1. En el Perú, solo el 8% del mar está dentro de un área protegida, y en esta pequeña fracción están permitidas las actividades pesqueras artesanales y de menor escala. Solo la pesca industrial está restringida, por considerarse que por su capacidad de extraer grandes volúmenes de pescado en poco tiempo alteraría el equilibrio de la cadena alimenticia en estos hábitats protegidos. ¿Eso no es equilibrio?

2. La flota industrial tiene a su disposición el resto del mar peruano, y viene generando altos beneficios económicos al país sin necesidad de operar en las áreas protegidas. Según el propio Ministerio de la Producción, en el 2024 la industria anchovetera no pescó dentro de estas áreas y al mismo tiempo tuvo uno de sus mejores resultados económicos de las últimas décadas, con exportaciones que superaron los 2250 millones de dólares. ¿No es ese un buen equilibrio?

3. Las reglas actuales, incluida la restricción de pesca industrial en su interior, permiten que las áreas protegidas generen beneficios económicos mediante otras actividades como la pesca artesanal y el turismo. Un claro ejemplo es la Reserva Nacional de Paracas, segundo destino turístico más importante del país gracias en buena parte a la rica biodiversidad que alberga.

Entonces, ¿cuál es la necesidad de mover la balanza? ¿Qué beneficios traería al país debilitar las medidas de protección vigentes? ¿Por qué poner en riesgo estos espacios que también generan empleo e ingresos al país, al mismo tiempo que preservan nuestra riqueza natural? ¿La industria pesquera necesita realmente flexibilizar las normas ambientales para seguir prosperando?

Las reglas actuales que regulan la actividad pesquera dentro de áreas naturales protegidas tienen más de 24 años mostrando resultados positivos, tanto dentro como fuera de estas. Ahora está en manos del Poder Judicial preservar este delicado —y real— equilibrio, confirmando la capacidad del Estado de reservar espacios limitados de mar para cuidar nuestro rico patrimonio natural, por el bienestar de todos los peruanos, incluso de quienes hoy reclaman tener derechos privados sobre él.