El reciente desbloqueo de la carretera Panamericana Sur a la altura de Ocoña y Chala en Arequipa reconfiguró el panorama social en el sur peruano.
Tras varios días de incertidumbre, los mineros informales retiraron los piquetes que mantenían cerrada la vía desde la madrugada del lunes 1 de diciembre, en reclamo por una extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Esta acción coincidió con la aprobación en primera votación, por parte del Congreso de la República, de la ampliación de este registro hasta el 31 de diciembre de 2026.
El tránsito vehicular retomó su ritmo habitual en la madrugada del viernes 5, permitiendo la circulación de decenas de unidades varadas.
Los pasajeros afectados experimentaron complicaciones por la falta de servicios y provisiones durante la paralización. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa notificó que monitorea la situación, mientras que la policía permanece en la zona para garantizar la seguridad y el orden.
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Reclamos sociales y políticas mineras
El punto de quiebre en esta protesta fue la decisión legislativa. Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, el Pleno avaló la modificación del Decreto Legislativo 1293, extendiendo el proceso de formalización minera para pequeños productores y artesanos.
La disposición otorga un plazo extendido en medio de advertencias del Ejecutivo, cuyos representantes insisten en mayores controles y condiciones más estrictas.
La propuesta legislativa surge tras intensos debates. Los argumentos a favor, presentados por Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, giran en torno a la importancia de mantener abierto el proceso de regularización para aproximadamente dos millones cien mil empleos vinculados al sector, equivalentes al 8,2% del empleo nacional, de acuerdo con datos del Instituto Peruano de Economía.
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Cutipa sostuvo que “suspender de forma automática a quienes permanecen en situación irregular provocaría efectos adversos en aspectos laborales, económicos y ambientales”, citó el medio.
Distintos congresistas, como Diana Gonzales, trasladaron sus críticas al dictamen y recordaron que, tras el retiro de unos 50 mil mineros informales del Reinfo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) reportó un incremento de 637 millones de soles en recaudación estatal.
Esta cifra se convirtió en uno de los argumentos centrales dentro del hemiciclo para evitar la reincorporación de los mineros excluidos, una moción que fue finalmente rechazada, confirmó Infobae.
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El extenso debate también incluyó propuestas para modificar el dictamen y la introducción de nuevas reglas ambientales. Algunos representantes plantearon la prohibición del uso de mercurio en la minería artesanal e informal, hecho que sumó presión a la discusión ambiental relacionada con la actividad minera.
Fisuras entre enfoques
La posición de la Presidencia del Consejo de Ministros, liderada por Ernesto Álvarez, fue tajante al recomendar limitar la ampliación a solo un año y dejar fuera a los mineros previamente excluidos.
El Ejecutivo alertó sobre el riesgo de que el Reinfo continúe facilitando operaciones atribuidas a la minería ilegal en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad.
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Entre las condiciones propuestas por el gobierno central figura la creación de licencias mineras temporales, la obligación de incorporar a los trabajadores en planilla y que la fiscalización ambiental siga bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales.
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