‘El Monstruo’ habría sobornado a dos agentes penitenciarios paraguayos para operar su banda desde prisión

Informes de inteligencia y fuentes policiales revelan que Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, exlíder de una organización delictiva peruana, habría corrompido a dos funcionarios del penal de Emboscada, Paraguay. Estos agentes permitieron que el recluso operara y mantuviera comunicación con miembros de su banda pese a su encierro, lo que activó una fuerte respuesta de las autoridades penitenciarias e incrementó la tensión sobre el sistema de seguridad local.

La investigación, respaldada por documentos confidenciales de la Policía Nacional del Perú presenta nuevos indicios sobre el alcance de la organización dirigida por Moreno Hernández y la infiltración en el entorno carcelario. El caso ya generó reacciones en el Ministerio de Justicia de Paraguay, que busca acelerar el proceso de extradición del recluso ante el temor de nuevos episodios de corrupción.

Funcionarios bajo sospecha

Un informe de inteligencia policial detalló que dos agentes de la cárcel de Emboscada habrían recibido pagos por parte de la red de Erick Luis Moreno Hernández para permitirle el uso de teléfonos y coordinar desde su celda parte de las actividades de su organización. Las investigaciones apuntan a que las transferencias ilegales fueron gestionadas desde Perú, utilizando vías informales y mensajeros para evitar el rastreo de los movimientos de dinero.

Las primeras alertas surgieron tras el análisis de llamadas interceptadas en las que Moreno, bajo seudónimos y en lugares apartados del penal, se comunicaba con integrantes clave de su red. La maniobra contemplaba el uso de aplicaciones en dispositivos móviles para ocultar la identidad y garantizar el flujo permanente de instrucciones entre el líder encarcelado y los actores al exterior.

Red de apoyo y manejo de fondos

El reporte de inteligencia al que accedió ABC sostiene que parte del financiamiento provenía de acciones de extorsión en Lima y otras ciudades peruanas, bajo el control de colaboradores y familiares del propio Moreno. Se identificó a Fiorela Esther Galarza, presunta operadora financiera, como responsable de trasladar cuantiosas sumas en efectivo —al menos 800.000 soles— hacia Paraguay por vía terrestre, siempre empleando rutas alternas y métodos para eludir controles fronterizos.

El informe agrega que el dinero entregado en Asunción por la estructura criminal tenía como destino tanto la manutención del grupo como el pago de sobornos a funcionarios penitenciarios y la cobertura de gastos logísticos relacionados con futuros intentos de fuga.

Comunicaciones y coordinación desde el interior

Las autoridades paraguayas, alertadas por los reportes de la Policía Nacional del Perú, implementaron auditorías internas y refuerzos en los controles del penal de máxima seguridad. Las investigaciones descubrieron que Moreno realizaba llamadas y videollamadas a través de aplicaciones cifradas, ocultando su identidad bajo capuchas y en zonas oscuras del establecimiento.

El material recabado evidencia que, a pesar de estar detenido, el excabecilla peruano mantenía el control operativo de su grupo, transmitía órdenes para acciones delictivas y coordinaba incluso movimientos logísticos de recursos humanos y armamento entre fronteras. La revelación impulsó la vigilancia reforzada del pabellón donde permanece aislado y motivó la investigación interna para identificar a los custodios implicados.

Reacciones oficiales y extradición pendiente

Tras la difusión de estos datos, el ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, confirmó en entrevista con ABC que existen procesos en curso para identificar plenamente a los funcionarios señalados. Además, autoridades judiciales y policiales pusieron en revisión los protocolos de seguridad para evitar episodios similares en otros establecimientos penitenciarios.

El caso provocó que se impulsara una mayor celeridad en los trámites de extradición de Moreno Hernández, quien enfrenta tres requerimientos formales de la justicia peruana. Las apelaciones presentadas por la defensa todavía obstruyen el traslado, pero el gobierno paraguayo aseguró que continuará fortaleciendo la seguridad en Emboscada y supervisando directamente la conducta de su personal carcelario mientras se resuelve la situación legal del recluso.