¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Durante la semana, el país registró dos sentencias consideradas históricas. Los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo fueron condenados a 14 y 11 años de prisión efectiva, respectivamente, sumándose a la lista de mandatarios peruanos que han recibido condenas por decisión judicial.

Para algunos especialistas, estos fallos evidencian que las instituciones han demostrado capacidad para llevar a juicio a altos funcionarios y procesar casos de corrupción. No obstante, otros advierten que estos resultados coexisten con deficiencias estructurales que aún afectan la imparcialidad y la solidez del sistema de justicia.

En ese sentido, la opinión pública se ha mostrado dividida por los fallos del Poder Judicial, por lo que surge la pregunta ¿funciona realmente el sistema de justicia en el Perú, o persisten falencias que comprometen su credibilidad?

Sistema con avances

Según el exprocurador anticorrupción José Ugaz, el país ha demostrado un nivel significativo de eficiencia en el procesamiento de casos de alta relevancia política. “Somos el país de América Latina con mayor ratio de eficiencia de procesar casos de corrupción”, declaró a RPP. Para él, la capacidad de sentar en el banquillo a expresidentes, congresistas y altos funcionarios evidencia un esfuerzo institucional sostenido, pese a los altos índices de corrupción que persisten.

No obstante, Ugaz subrayó que este aparente avance convive con problemas estructurales urgentes. “Justicia con problemas graves sí, pero hay que corregirla”, afirmó, destacando la necesidad de una reforma profunda que reorganice al Poder Judicial, la Fiscalía, las juntas fiscales y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Su análisis plantea que la justicia peruana avanza, pero en un terreno inestable que requiere cambios de fondo.

Crítica a la imparcialidad

En contraste, el penalista Humberto Abanto advirtió que el funcionamiento actual del sistema judicial es “desolador”, especialmente por la percepción de que algunos procesos pueden resolverse “según la cara del cliente”. Para el jurista, esta falta de imparcialidad y objetividad es una señal alarmante del deterioro institucional y un obstáculo para la confianza ciudadana.

Abanto insistió en que el sistema no podrá cambiar sin un proceso amplio de reforma que incluya consensos políticos. “Debe haber una voluntad que nos permita sentarnos a todos. Discrepar no es motivo de odiarnos”, explicó en conversación con el citado medio, al remarcar que cualquier intento de reforma requiere un clima político menos polarizado y con apertura al diálogo.

Obstáculo: provisionalidad judicial

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi coincidió en que uno de los principales problemas estructurales es la provisionalidad de jueces. Señaló que el Perú mantiene un alto número de magistrados provisionales, cuyo nombramiento depende directamente del Poder Judicial. Para él, esta modalidad genera opacidad, limita la independencia y bloquea cualquier reforma real. “¿Quién decide quién es el juez provisional? Los mismos señores del Poder Judicial. Aquí hay un problema: tiene que terminarse la provisionalidad”, afirmó para RPP

Ghersi agregó que existen propuestas legislativas —incluida una planteada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez— para que la JNJ sea la única encargada de nombrar jueces y fiscales provisionales. Sin embargo, advirtió que el Poder Judicial se resiste a modificar este esquema de designación “por cooptación”.

Reformas pendientes

Ante este panorama, José Ugaz planteó que, de cara a las Elecciones Generales de 2026, los candidatos presidenciales deberían suscribir un “pacto por la justicia”, con el compromiso de convocar a expertos en derecho, gestión pública y materia judicial para diseñar una reforma integral. Su propuesta busca garantizar un proceso técnico, transparente y con metas claras para el próximo gobierno.

Por su parte, Abanto destacó la importancia de establecer mecanismos de supervisión ciudadana en los procesos de selección de jueces y fiscales, mediante concursos públicos y transparentes. “Sin ese paso inicial, cualquier intento de reestructurar el sistema terminará estancado”, advirtió.