
El panorama político peruano se trasladó formalmente a la cancha judicial. Tras ser vacada por el Congreso, la expresidenta Dina Boluarte presentó una demanda de amparo ante el Poder Legislativo buscando la nulidad del proceso que la despojó del cargo. Sin embargo, la estrategia legal revelada por su abogado apunta a una meta más profunda, enfocada en el honor y el precedente constitucional en lugar de la inmediata restitución del poder.
En entrevista a Infobae Perú, el constitucionalista Joseph Campos develó que, a pesar de que la nulidad de la vacancia podría jurídicamente implicar el regreso de Boluarte a la Presidencia, el cual califica de correcto, este no es el objetivo que se persigue, sino anular la grave calificación que la sacó del cargo y demostrar la mala actuación del Poder Legislativo.
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“Se trata de defender derechos fundamentales. Primero, no existió derecho a defenderse, dado que no fue en los términos que lo ha definido la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y fue por una causal que nunca se debatió”, mencionó y destacó que aunque considera correcta la eventual anulación de la vacancia, “la intención no es desestabilizar al país. Lo importante es restablecer un sentido de institucionalidad y que las cosas se hacen conforme a la Constitución y los derechos fundamentales“.
Argumentó que el rótulo de “incapacidad moral permanente” es un estigma que perdurará “hasta que acaben los días”, un castigo más severo que una condena penal, por lo que, con mayor razón, “no se puede poner una imputación si es que antes no se le permitió la defensa,” aseveró Campos, señalando que la calificación es “absolutamente grave.”
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“Nosotros vamos a poner una medida cautelar para suspender la calificación. No queremos participar de un escenario de tensión. Queremos que haya un proceso constitucional, que exista un momento en que la justicia constitucional diga: ‘Eso estuvo mal, eso no se debe hacer, peor cuando están en campaña y los congresistas son candidatos’“, agregó.
Campos condenó la premura del Congreso al forzar la defensa de Boluarte en tiempo récord. Resaltó que “no se puede tolerar que le den cincuenta y seis minutos para defenderse”, sobre todo al tratarse de un debate de esa trascendencia e insistió en la existencia de un doble estándar al comparar el trato a otros exmandatarios.
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“Si me das el derecho a defenderme, dámela como se la diste a otros. Sin vulnerar el debido proceso y ni cometer discriminación, porque a Pedro Pablo Kuczynski y a Martín Vizcarra le dieron plazo suficiente para defenderse”, sostuvo y calificó el actuar del Legislativo como un “golpe de Estado” por la anulación de las garantías constitucionales.
“Es un golpe de Estado lo que vimos, los debates de vacancia no deben basarse en si un presidente es popular o impopular, sino en lo que es correcto”, agregó.
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Consultado sobre la eventual vulneración de la autonomía del Congreso, sostuvo que “no hay autonomía que se oponga cuando se afectan derechos fundamentales”, y recordó que el Estado peruano ha sido condenado dos veces por esta situación.
“Va a quedar como una vacancia, como una situación de hecho, como cuando ocurrió el tema del cierre del Congreso y el tribunal dirá: ‘Eso estuvo mal, estuvo mal’. Y aquí como se trata de un derecho, reputación, honor, dignidad, se dirá: ‘Hubo vacancia, pero no probó la incapacidad moral permanente’. [...] A ella ya, ya la sacaron y le pusieron ese mote, ese adjetivo, esa calificación. Entonces, lo que estamos buscando es que, por derecho a su honor, no aparezca la incapacidad moral permanente y que, en el futuro, no ocurra de nuevo”, concluyó.
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