
La noticia de que Magdalena Cortés Calle, una joven de Antofagasta reportada desaparecida desde marzo de 2019, habría sido hallada en situación de calle en Tacna, al sur del Perú, reavivó la esperanza y el interés público en un caso que permaneció sin respuestas durante varios años.
De acuerdo con información publicada por un usuario en un grupo de Facebook de Antofagasta y reportada por BioBioChile, la joven estaría viva, aunque enfrentando graves problemas de salud mental y desprotección. Según lo difundido, Magdalena duerme en la vía pública y afirma que “en repetidas ocasiones buscó apoyo en el consulado chileno en Tacna sin obtener asistencia”.
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El caso adquirió visibilidad el 27 de marzo de 2019, cuando la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS) informó oficialmente su desaparición. La joven, quien entonces tenía 18 años y estudiaba en el CEIA Dr. Antonio Rendic, fue vista por última vez la madrugada del 21 de ese mismo mes, según registros recogidos por BioBioChile.

La búsqueda movilizó a familiares, comunidad educativa y autoridades. No obstante, en el Registro de Personas Extraviadas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el nombre de Magdalena no figura actualmente, lo que genera dudas respecto a la continuidad formal de la denuncia o a una eventual desactivación administrativa con el paso del tiempo.
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El reciente mensaje de Guillermo López Baylón, el usuario que compartió la información en Facebook, añade que la joven no cuenta con acceso a medicamentos esenciales y solicitó a quienes pudieran aportar datos a comunicarse a un número peruano difundido en la red social.
Tanto familiares como excompañeros y cercanos podrían ser cruciales para confirmar la identidad de la mujer y activar los protocolos consulares y policiales binacionales.

Desapariciones en Perú
El hallazgo de Magdalena Cortés Calle en condición vulnerable en Tacna enlaza con una problemática de gran magnitud en Perú, donde más de 12.000 personas desaparecieron entre enero y julio de 2025.
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Un informe del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) detalla que el país enfrenta una crisis sostenida, con un promedio de 51 denuncias diarias. La mayoría de quienes desaparecen son mujeres y menores de edad, dos grupos particularmente expuestos a riesgos de violencia y trata.
Según los datos oficiales, 12.374 personas fueron reportadas desaparecidas en el primer semestre de 2025, de las cuales 7.137 son mujeres (57,68%) y 6.437 son niños, niñas y adolescentes (52,02%). De ese universo, 6.463 lograron ser ubicados, aunque 3.348 mujeres y 3.018 menores aún no han sido encontrados. El informe también revela que 141 personas fueron halladas sin vida durante ese periodo.
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Factores y fallas
Para la organización Familiares por Justicia, el alto porcentaje de mujeres entre las personas desaparecidas evidencia un patrón de vulnerabilidad que requiere atención urgente. Katherine Flores, vocera de la entidad, resaltó que la realidad expuesta por las cifras “requiere análisis urgente porque revela un patrón de vulnerabilidad”.
Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, enfatizó a La República que “el actual retroceso de derechos en el país incrementa la situación de vulnerabilidad de todas las mujeres porque es claro el desinterés del Estado”. Desde la organización impulsan la campaña “Búscalas, no estamos todas”, con el fin de exigir mayor eficiencia en la búsqueda y protección de mujeres desaparecidas.
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El informe del Sidpol señala que muchos de estos casos se asocian a violencia de género, trata de personas y feminicidios, con niñas y adolescentes siendo las más afectadas por las condiciones de desigualdad. Los especialistas de CHS Alternativo advirtieron que el tiempo es un factor determinante: “Las primeras 48 horas tras una denuncia son determinantes, pero en muchos casos no se actúa con la urgencia requerida”.

Rutas de acción
Uno de los principales obstáculos citados en el informe está en la fragmentación de la información entre las distintas entidades responsables de la búsqueda: fiscalías, comisarías, morgues, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio del Interior. Esta dispersión de registros genera retrasos y entorpece la identificación y localización de víctimas.
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El propio Sidpol subraya que no es necesario esperar 24 horas para denunciar la desaparición de una persona en Perú: cualquier ciudadano puede iniciar el proceso, y la policía tiene la obligación de actuar de inmediato. No obstante, BioBioChile advierte que la efectividad del sistema aún enfrenta limitaciones a pesar de la existencia de protocolos legales y de la alerta Amber.
Frente a la dimensión del fenómeno, existen canales como la Línea 100, el Chat 100 y los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que ofrecen atención legal, psicológica y social gratuita, además de la central telefónica del Ministerio de la Mujer.
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