El Ministerio de Justicia decidió que Iván Emilio Paredes Yataco, actual titular del Instituto Nacional Penitenciario, no será incluido en la etapa inicial del plan de control de confianza implementado en penales de Lima. La exclusión se mantiene aun cuando un audio difundido por un programa dominical lo sitúa en un presunto pedido de US$80.000 destinado a favorecer la situación penitenciaria de un ex agente policial sentenciado por secuestro.
La determinación generó cuestionamientos debido a que el caso que involucra al funcionario es uno de los más graves revelados este año dentro del sistema carcelario. Las evaluaciones se concentrarán en trabajadores que mantienen contacto directo con personas privadas de libertad, lo que deja fuera a autoridades de mayor rango pese a los señalamientos y a la investigación fiscal ya abierta.
¿Qué contempla la primera fase del polígrafo anunciada por el Minjus?
A través de una entrevista para RPP, el vocero del Ministerio de Justicia, Alberto Vega, explicó que la aplicación del polígrafo se enfocará únicamente en servidores que cumplen funciones operativas en establecimientos como Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia. Indicó que la disposición forma parte de una estrategia orientada a detectar riesgos internos en áreas donde se registran mayores incidentes vinculados a actos de corrupción y comunicaciones irregulares con internos.
Vega detalló que la medida no alcanza a quienes integran la alta dirección del INPE. Señaló que esta fase se diseñó para supervisar a los equipos que manipulan información sensible, controlan accesos o brindan servicios en pabellones, dejando abierta la posibilidad de ampliar el mecanismo más adelante sin confirmar si el titular del organismo será convocado.
La acusación que rodea a Paredes y la respuesta del funcionario
El caso que compromete a Paredes surgió a partir de un registro sonoro en el que se escucha a un hombre solicitar una elevada suma de dinero a la esposa del interno Marcos Quispe Riveros. Según la denuncia, el ofrecimiento consistía en facilitar beneficios penitenciarios que permitieran mejorar la condición del sentenciado. El dominical que difundió el material atribuyó la voz al jefe del INPE y reveló que el pedido se habría realizado cuando él ejercía como abogado particular.
Paredes negó ser la persona que aparece en la grabación, afirmó que el audio corresponde a hechos de 2018 y expresó su disposición a someterse a una pericia que determine con precisión la identidad de la voz. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción inició diligencias para verificar la veracidad del contenido, mientras diversas organizaciones pidieron transparencia en el manejo de la información debido a la gravedad de los señalamientos.
Antecedentes administrativos y cuestionamientos por su actuación profesional
Además de la denuncia penal, el dominical informó que Paredes recibió una multa superior a S/16.000 impuesta por Indecopi por incumplimientos en el ejercicio de su labor como abogado. Entre las irregularidades consignadas figuran la omisión en la entrega de recibos por honorarios, el incumplimiento de un servicio previamente pactado y la falta de devolución de US$3.500 otorgados por un cliente en 2021. La sanción fue validada en agosto de 2024 y pagada tras su designación en el INPE.
El denunciante del caso administrativo, Sergio Castro, aseguró que temía represalias debido al cargo que actualmente ocupa Paredes. Indicó que mantuvo conversaciones solicitando la devolución de su dinero y que recibió respuestas evasivas a lo largo del proceso. Los documentos incluidos en la resolución de Indecopi detallan transferencias bancarias y mensajes que sustentaron la decisión de sancionar al funcionario antes de su ingreso al sector penitenciario.
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