El Perú afronta un crecimiento sin precedentes de la minería ilegal, una actividad que este año podría generar exportaciones por alrededor de USD 12.000 millones, una cifra que prácticamente iguala al valor del oro extraído bajo estándares formales. Este repunte confirma que las operaciones ilícitas dejaron de ser marginales y hoy constituyen un engranaje central en la economía ilegal regional.
Durante un seminario organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), especialistas advirtieron que el país concentra el 44% del oro ilegal que sale de Sudamérica, situándolo como un núcleo de alcance global. El encuentro también analizó los factores que fortalecieron esta industria criminal y los retos urgentes para enfrentarla.
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El auge de la industria ilegal, una cadena comercial que se expande
Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, señaló que la minería ilegal ha ganado terreno a gran velocidad, impulsada por un proceso de formalización que terminó desvirtuándose. La expansión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) permitió que miles de actividades operen con amparo administrativo, pese a ubicarse en zonas naturales protegidas, espacios arqueológicos u otras áreas restringidas. “La minería ilegal ya no es un problema artesanal, es una industria criminal altamente organizada”, alertó. “El Reinfo dejó de ser una vía hacia la legalidad y se convirtió en un escudo para la ilegalidad”, enfatizó.
Fuentes precisó que las empresas vinculadas al procesamiento y exportación de oro crecieron de forma explosiva en la última década: las plantas procesadoras se multiplicaron por 3,5 hasta llegar a 13.876, mientras que las exportadoras aumentaron por 11 y alcanzaron 1.253. En contraste, las compañías productoras solo avanzaron 18% en el mismo periodo y, desde 2020, incluso disminuyeron de 302 a 274. Este desbalance refleja cómo la cadena criminal se fortaleció más rápido que la actividad minera formal.
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Modalidades de camuflaje y fallas regulatorias
Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT Coalition, explicó que el oro ilegal peruano se esconde cada vez mejor en modalidades diseñadas para evadir la supervisión, como el oro concentrado, en polvo, reciclado o incluso proveniente de chatarra electrónica triturada. Solo en 2024 el país envió al exterior oro concentrado por USD 880 millones, cinco veces más que en 2023. La experta agregó que en varios países de destino existen vacíos normativos que facilitan el ingreso de metal ilícito sin verificación previa. “La trazabilidad debe ser global. Si el oro ilegal puede entrar sin declararse, toda la cadena queda vulnerable”, afirmó.
Lucía Dammert, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, advirtió que la minería ilegal opera hoy como una estructura paralela con influencia económica, territorial y política. Sus efectos abarcan desde la deforestación y la violencia hasta la trata de personas y la captura institucional. “Estamos ante una actividad que compite por autoridad territorial, ingresos y poder político”, sostuvo. Según explicó, buena parte del oro ilícito se “blanquea” dentro del país antes de ser exportado, por lo que propuso reforzar la inteligencia criminal y financiera para identificar a los operadores reales, cortar los flujos económicos y desarticular las redes de exportación que alimentan el circuito global.
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