La reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso extendió el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027 ha generado preocupación en el sector empresarial. Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), señaló en entrevista con Canal N que la medida “no es una buena noticia”, pues mantiene un esquema que no ha mostrado resultados concretos en formalización y que, por el contrario, abre riesgos para el incremento de actividades ilegales.
Según Zapata, las sucesivas ampliaciones del Reinfo han repetido un patrón que se arrastra desde hace años: miles de mineros esperan hasta el último momento para cumplir con los requisitos y luego solicitan nuevas prórrogas. “Coincidimos plenamente con esa visión, porque es lo que ha estado pasando durante los últimos años”, afirmó. Esta dinámica, advirtió, se seguirá reproduciendo en 2026 y 2027 si no existe un control más estricto.
El titular de CONFIEP recordó que el Reinfo fue creado como una vía temporal para ordenar la actividad minera informal, pero la falta de resultados ha demostrado sus limitaciones. “No creemos que esto sea una buena noticia… venimos extendiendo y extendiendo el Reinfo y los resultados son pocos”, señaló en el citado medio.
Minería informal e ilegal: fronteras difusas
Zapata remarcó que la minería informal, tal como opera actualmente, está estrechamente conectada con la minería ilegal, lo que hace difícil establecer una distinción clara entre ambas. “Es poco… es difícil diferenciarla demasiado”, explicó. Esta cercanía, afirmó, genera un escenario propicio para actividades que escapan completamente al control del Estado.
Los riesgos no se limitan al ámbito económico. Para el presidente de CONFIEP, el mayor problema es el impacto social y de seguridad ciudadana. “La minería informal genera violencia, genera inseguridad”, sostuvo en Canal N, al recordar que estas operaciones se desarrollan en zonas donde las mafias ejercen control territorial.
A ello se suman las condiciones precarias en las que trabajan miles de mineros no formalizados. Zapata detalló que los accidentes, la falta de equipos de seguridad y la exposición a gases y polvo tóxico son problemas constantes. “Estamos con un trabajo de centurias atrás, y esto no puede ser”, advirtió.
Riesgos en zonas protegidas
Otro punto de preocupación es la presencia de mineros inscritos en el Reinfo dentro de zonas protegidas del país, como Tambopata (Madre de Dios), Nasca o áreas restringidas de Lima y Arequipa. Según lo señalado en Canal N, estos casos podrían aumentar ante la flexibilización de plazos y la falta de verificación rigurosa.
El problema se agrava porque los requisitos del Reinfo son mínimos y, aun así, muchos no se cumplen. “Es un proceso demasiado informal y con cero requisitos”, puntualizó Zapata. Esa debilidad permitiría que un minero obtenga un registro para una zona, pero termine explotando otra sin control.
Además, los insumos y explosivos que se adquieren legalmente gracias al Reinfo pueden desviarse hacia operaciones ilegales en la Amazonía. Zapata mencionó, por ejemplo, áreas como La Pampa, Puerto Inca o ríos amazónicos afectados por la minería aurífera aluvial. “Pueden usar los explosivos y los insumos químicos que se obtienen a través del Reinfo para llevarlos a otro lado”, advirtió.
Un 2027 incierto para la formalización minera
Si bien el Ejecutivo confía en que los más de 30 mil inscritos aceleren su proceso hacia 2027, desde CONFIEP persisten las dudas. Zapata destacó que, si bien no se reincorporarán los 50 mil expedientes retirados, la cifra actual refleja un sistema que continúa sin avances sustantivos.
El líder empresarial señaló que la informalidad minera seguirá extendiéndose si no se aplican controles rigurosos y se establecen reglas más exigentes. “Esperemos que al 2027 se pueda poner a derecho”, dijo, aunque admitió que la experiencia de los últimos años no permite ser optimistas.
La ampliación del Reinfo, por tanto, abre un nuevo periodo marcado por expectativas moderadas y un diagnóstico constante: la formalización avanza poco, mientras la minería ilegal y sus impactos sociales continúan expandiéndose en distintas regiones del país.
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