En una operación planificada durante meses, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público irrumpieron en una vivienda blindada del jirón Loreto, en el Callao. Allí, los agentes hallaron el centro de operaciones del clan familiar “Los Vílchez de Loreto”, una organización que mantenía bajo amenaza a transportistas de Lima y el primer puerto. La intervención formó parte de un despliegue simultáneo que incluyó diez allanamientos y la detención de varios integrantes de la red.
El grupo, liderado por Johan Berríos Vílchez, conocido por sus vínculos con los “Sanguinarios del Callao”, había convertido los principales paraderos de transporte en puntos de cobro ilegal. Los conductores pagaban hasta seis soles por día o dos por vuelta para poder trabajar. Las autoridades estiman que la red criminal llegó a recaudar más de un millón ochocientos mil soles mediante este sistema de extorsión.
Explosivos, SWAT y puerta de acero
El operativo se ejecutó en la madrugada del 7 de noviembre, bajo la coordinación de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur y agentes de inteligencia. La vivienda intervenida contaba con una puerta de acero de cinco centímetros de espesor, que fue derribada con explosivos controlados. Equipos SWAT ingresaron al inmueble de tres pisos mientras la zona permanecía cercada.
En el interior se encontraron municiones, marihuana, cartuchos de dinamita y cuadernos con registros de los pagos exigidos a los transportistas. Según fuentes policiales, el lugar contaba con cámaras de videovigilancia que cubrían toda la manzana, instaladas para advertir sobre cualquier presencia de las fuerzas del orden. Durante la intervención, varios miembros del clan fueron reducidos, entre ellos la matriarca Roxana Vílchez Alcalde y su hija Nataly Berríos Vílchez.
El sistema del “peaje criminal”
La investigación determinó que la red operaba como una estructura empresarial. Los cobros se realizaban de manera sistemática en los paraderos de la avenida 2 de Mayo, el cruce de Faucett con Venezuela y zonas de Ventanilla. Cada punto tenía recaudadores asignados que trabajaban por turnos desde la madrugada hasta la medianoche.
Kelvin Rodríguez, alias “Cachorro”, de nacionalidad venezolana, era uno de los encargados de recoger el dinero en el paradero de 2 de Mayo. Las autoridades identificaron además a Yeuris Rodríguez y Alejandra Meregote, quienes recibían parte del dinero mediante transferencias por aplicaciones digitales. La organización mantenía el control a través del miedo: quienes se negaban a pagar eran amenazados o atacados.
Fuga del líder y búsqueda abierta
El principal objetivo del operativo era capturar a Johan Berríos Vílchez. Sin embargo, el líder logró escapar por una ventana del tercer piso, descolgándose por una de las paredes del inmueble. Las autoridades mantienen activo su paradero y continúan con la búsqueda. Berríos cuenta con más de quince procesos fiscales, la mayoría por delitos de sicariato y asociación ilícita.
La Fiscalía considera que la organización extendió su influencia desde el 2020, cuando se consolidó en los corredores de transporte del Callao. Su expansión estuvo marcada por episodios de violencia, enfrentamientos con bandas rivales y el asesinato de al menos un ciudadano extranjero durante disputas por el control territorial.
Un golpe que marcó al primer puerto
El operativo del 7 de noviembre representó uno de los golpes más importantes contra la extorsión en el primer puerto. La intervención permitió desarticular el núcleo operativo de “Los Vílchez de Loreto” y devolver temporalmente la calma a los transportistas. En el lugar del hallazgo, los vecinos relataron haber escuchado detonaciones y observaron la fuga del cabecilla.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para identificar el total de bienes y cuentas vinculadas al clan. Mientras tanto, la PNP mantiene presencia en los principales paraderos del Callao para evitar el retorno de estas prácticas de extorsión que durante años sometieron a cientos de trabajadores del transporte público.
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