Un grupo de 25 adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo fue trasladado a Centros de Internación de Alta Seguridad en Lima y otras ciudades del interior. La medida, impulsada como parte de las acciones preventivas y de control del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), busca reforzar la seguridad en los centros y en la ciudadanía.
El grupo fue catalogado de alta peligrosidad, por lo que las autoridades aplicaron protocolos estrictos en todo el proceso. El objetivo es salvaguardar la integridad de internos y personal, así como garantizar el correcto cumplimiento de las medidas socioeducativas establecidas.
Francisco Naquira Cornejo, director ejecutivo del PRONACEJ, explicó que estas acciones integran un plan de seguridad y control cuyo propósito es fortalecer la reinserción social juvenil. “Nuestro compromiso es garantizar que los adolescentes cumplan las medidas establecidas por la ley y puedan rehabilitarse en un entorno seguro”, señaló Naquira Cornejo.
Medidas preventivas aseguran un entorno seguro para internos de alta peligrosidad
El traslado se fundamenta tanto en la clasificación de riesgo de los adolescentes como en la prioridad de mantener entornos controlados en los Centros Juveniles de Alta Seguridad. Las autoridades indicaron que se respetaron todos los protocolos y medidas de seguridad durante los traslados.
Cada desplazamiento fue acompañado por brigadistas especializados y personal capacitado para supervisar la seguridad física y emocional de los menores. Así, se garantiza un control efectivo y se promueve un ambiente que permita a los internos cumplir las medidas socioeducativas en condiciones seguras, recibiendo el respaldo necesario para su rehabilitación.
Esta medida preventiva se articula con una política nacional más amplia de seguridad y control en todos los centros juveniles del país, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar el funcionamiento adecuado de estas instituciones.
Más de 2.400 operativos preventivos refuerzan la seguridad en los Centros Juveniles
En lo que va del año, el PRONACEJ ha llevado a cabo más de 2.400 operativos preventivos en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional. Asimismo, se realizaron cuatro megaoperativos simultáneos que reforzaron la supervisión y el control en dichos establecimientos.
Cada operativo incluyó la revisión de espacios, el control de objetos prohibidos y la supervisión de actividades educativas y recreativas. Estas acciones permiten verificar el cumplimiento de las medidas socioeducativas y detectar riesgos para internos o personal, contribuyendo a la seguridad general.
El fortalecimiento de la seguridad facilita la participación de los adolescentes en programas de educación, terapia psicológica y orientación social, con el fin de lograr una reinserción eficaz y prevenir la reincidencia.
“El PRONACEJ continuará desarrollando acciones preventivas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y proteger el proceso de reinserción social juvenil”, concluye el comunicado oficial.
¿Cómo cambia el régimen penitenciario para adolescentes imputables?
El gobierno de Perú oficializó el Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, que adapta el Reglamento del Código de Ejecución Penal a la Ley N.º 32330. Esta normativa habilita que adolescentes de 16 y 17 años sean considerados imputables en delitos graves y puedan ser procesados en el sistema penal ordinario.
El decreto introduce medidas diferenciadas y especializadas para menores, como el principio de “individualización científica”, lo que permite adaptar los programas de rehabilitación a las características psicológicas y sociales de cada interno. También se estableció la participación obligatoria de psicólogos especializados y la supervisión interinstitucional de organismos como el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.
Con esta modificación, los adolescentes imputables pueden ubicarse en cualquier etapa del régimen penitenciario, lo que garantiza un enfoque flexible que articula seguridad, educación y rehabilitación. La finalidad de la norma es fortalecer la reinserción social juvenil y asegurar el cumplimiento de la ley en casos de delitos graves.
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