La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años de la función pública al golpista expresidente Pedro Castillo, la expremier asilada por México Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta por el fallido golpe de Estado.
Votaron a favor de la inhabilitación los congresistas Lady Camones; Jorge Montoya, Ana Zegarra, Karol Paredes, Arturo Alegría, Martha Moyano, Patricia Juárez, María Acuña, Patricia Chirinos (con reservas) y Elvis Vergara.
Los votos en contra vinieron de los izquierdistas Elías Varas, María Taipe y Pasión Dávila.
Durante el debate, los congresistas de bancadas de izquierda intentaron defender al golpista. Alegaron que la propuesta de sanción sería una “venganza” política. También sacaron a colación otros argumentos ajenos a la denuncia constitucional, como la supuesta vacancia y detención irregulares de Castillo.
Ante estas intervenciones, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la apepista Lady Camones, defendió el trabajo de su grupo de trabajo, negó las versiones de una supuesta persecución política y desmintió las falsedades de los congresistas izquierdistas. También precisó que el proceso parlamentario de juicio político es independiente al proceso penal.
Roberto Sánchez a salvo
El informe final también propone desestimar la denuncia constitucional contra el congresista y exministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, y, por lo tanto, no inhabilitarlo de la función pública.
La justificación para no acusarlo constitucionalmente es que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema lo excluyó del proceso penal por el golpe de Estado al declarar fundada su excepción de improcedencia de acción. Los jueces supremos concluyeron que los hechos imputados a Sánchez, tal como los presenta la Fiscalía, no calzan en el delito de rebelión.
Así, Roberto Sánchez podrá postular a la presidencia por su partido Juntos por el Perú.
Juicio entra en su recta final
En la sesión del último jueves, la Fiscalía reafirmó su solicitud de 34 años de prisión para el exmandatario Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El pedido incluye 25 años por rebelión, 3 años por abuso de autoridad y 6 años por grave perturbación de la tranquilidad pública.
En caso de que el tribunal opte por condenar a Castillo por conspiración en lugar de rebelión, la pena solicitada se reduciría a 19 años y 30 días de prisión, según precisó el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde durante la exposición de los alegatos finales.
Esta recalificación también afectaría a otros acusados, como el expremier Aníbal Torres, la ex primera ministra asilada en México Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta, el comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado y el general PNP Manuel Lozada Morales, para quienes la Fiscalía pide 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel en el escenario de conspiración.
La acusación original del Ministerio Público contemplaba 15 años de prisión para Torres por su edad y 25 años para Chávez y Huerta por el delito de rebelión. El fiscal Casaverde sostuvo que las pruebas presentadas demuestran la intención de Castillo y sus coacusados de alterar el orden constitucional.
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