El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llevó a cabo un operativo en el penal Miguel Castro Castro que implicó una requisa exhaustiva y el apagón de conexiones eléctricas informales.
Más de 30 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y 20 servidores penitenciarios participaron en esta intervención sobre el pabellón 7, en el contexto del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.
Durante la jornada se inspeccionaron celdas, patios, cocinas y pasadizos. Se incluyó la revisión corporal de los internos, ejecutada de acuerdo con protocolos establecidos para garantizar la seguridad.
El INPE reportó que se retiraron cables ilegales y fuentes de energía no autorizadas empleadas para alimentar celulares, routers y otros equipos electrónicos cuya presencia facilita el contacto con redes delictivas que operan fuera del penal.
El saldo del operativo da cuenta de la magnitud del problema: las autoridades incautaron un teléfono celular, una placa electrónica, dos televisores portátiles, dos memorias micro SD, diecisiete cocinas eléctricas artesanales, cinco decodificadores, sesenta y nueve relojes, trece parlantes, dos televisores y cinco objetos punzocortantes, entre otros artículos prohibidos.
Según información de la institución, estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa – Segundo Despacho y de la Depincri 1 San Juan de Lurigancho para las diligencias de ley.
La ofensiva penitenciaria crece con operativos y traslados
La intervención en Castro Castro forma parte de una secuencia más amplia de acciones emprendidas por el INPE desde el inicio del estado de emergencia, que comenzó el 21 de octubre y marcó un punto de inflexión en el endurecimiento de los controles en los 68 establecimientos penitenciarios del país.
Según datos institucionales, en menos de cuatro meses se han realizado más de 2.000 requisas y 350 operativos a nivel nacional.
El resultado: la incautación de 79 celulares, 173 accesorios, más de 500 litros de alcohol fermentado, 428 armas punzocortantes y 2.699 gramos de droga.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, sostuvo que mantener estos operativos es clave para fortalecer la seguridad en los penales y limitar la capacidad de gestión delictiva de las redes criminales internas.
“Desde que inicié mi gestión hemos realizado más de dos mil requisas en tres meses, acción nunca antes registrada en la historia del INPE”, señaló el funcionario en declaraciones citadas por medios oficiales.
Las medidas van más allá del decomiso de objetos. El INPE anunció que los internos vinculados a delitos serán trasladados a espacios de mayor contención, como el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao (Cerec), con el objetivo de cortar las comunicaciones entre bandas y fortalecer el aislamiento de los cabecillas.
En la misma línea estratégica, el control de ingresos y visitas se endureció. Más de 800 personas fueron intervenidas en los accesos de los penales y cerca de 2.433 gramos de droga quedaron incautados en operativos recientes.
Las autoridades recalcan que estos procedimientos buscan impedir que las prisiones se conviertan en centros de operaciones del crimen organizado. Tanto el bloqueo eléctrico como la requisa sistemática refuerzan, en palabras del propio organismo penitenciario, el compromiso de consolidar el orden y restringir la extorsión y el sicariato articulados desde el interior carcelario.
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