
El partido político Podemos Perú oficializó la precandidatura de su fundador y congresista José Luna Gálvez a la Presidencia de la República en las Elecciones 2026.
Acompañan a Luna Gálvez la excongresista y conductora de radio Exitosa, Cecilia García, y el abogado Raúl Noblecilla, defensa legal de la acusada por rebelión Betssy Chávez, en la primera y segunda vicepresidente, respectivamente.
Los miembros accesitarios de la plancha presidencial José Luna Morales, regidor de Lima e hijo de Luna Gálvez; la excongresita Yessica Apaza Quispe; y el excongresista y exmilitante de Perú Libre, Roger Najar.
La plancha presidencial de Podemos Perú también postula al Senado.

Polémicas
La plancha presidencial de Podemos Perú arratra polémicas, empezando por el principal candidato José Luna Gálvez, quien es investigado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.
Uno de los procesos de Luna Gálvez es por los presuntos aportes de campaña de OAS y Odebrecht a Solidaridad Nacional, donde el hoy precandidato era secretario general. Según la investigación, Luna habría recibido y gestionado miles de dólares no declarados de las constructoras brasileñas.
Recientemente, solicitó que se archiven los cargos de lavado de activos por este caso al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el caso Cócteles contra Keiko Fujimori.

Otro proceso contra Luna Gálvez es la inscripción irregular de Podemos Perú, conocido anteriormente como Los gánsters de la política. Se trata de una presunta organización criminal que se infiltró en el hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para capturar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La acusación ya fue presentada y se solicita más de 22 años de prisión contra el precandidato presidencial de Podemos Perú. El control de acusación iniciará el próximo 19 de diciembre y, debido a la complejidad del caso, podría pasar un par de años antes de que se decida si pasa a juicio oral.
Suspendido y expulsado
Por otro lado, el precandidato a la segunda vicepresidencia Raúl Noblecilla es cuestionado por su defensa férrea y reinvindicación del golpe de Estado de Pedro Castillo. Si bien no es su abogado, cree que es “presidente constitucional” a pesar de haber sido vacado por el Congreso. Así lo ha manifestado en reiteradas audiencias del juicio oral, donde actúa como abogado de la expremier Betssy Chávez.
Justamente, esta semana, Noblecilla fue suspendido y expulsado por un lamentable episodio ocurrido en el juicio. Estas decisiones se basaron en una serie de acciones juzgadas como impropias, negligentes y que obstaculizaban el desarrollo normal del proceso.
El hecho clave que desencadenó las sanciones fue la entrega de un certificado médico aparentemente falso, supuestamente emitido por la Clínica Chorrillos. Noblecilla lo presentó para explicar la inasistencia previa de Betssy Chávez a una sesión, alegando problemas de salud. Sin embargo, sin haber validado su veracidad, el documento fue cuestionado de inmediato por los jueces, quienes verificaron su autenticidad.
La clínica rechazó rotundamente cualquier responsabilidad: negó haber brindado atención médica a Chávez según lo descrito, precisó que solo se habían ordenado exámenes no realizados y aclaró que no mantiene relación alguna con el médico que firmó el certificado. Ante esta falsedad evidente, la institución anunció que iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables. Este error no fue un incidente aislado, sino que se inscribe en un patrón de maniobras dilatorias y actitudes provocadoras de Noblecilla, quien ya había sido expulsado temporalmente en ocasiones anteriores por intervenciones irrespetuosas.
Los magistrados José Neyra, Iván Guerrero y Norma Carbajal, al frente de la sala, optaron por expulsar a Noblecilla de las siguientes seis audiencias del juicio y suspenderlo por dos meses en su labor como abogado, decisión que aún debe ser ratificada en segunda instancia.
Al escuchar la resolución, Noblecilla protagonizó un nuevo espectáculo. Dirigiéndose a Pedro Castillo, lo llamó “presidente” y “preso político secuestrado”, denunció una supuesta “dictadura” en Perú y proclamó que el exmandatario sería “restituido por el pueblo”. Repitió en varias oportunidades la frase “Nos volveremos a ver en democracia”, se acercó para saludar a Castillo con un apretón de manos y, en un tono sarcástico hacia la jueza Carbajal, le dijo: “¿Quiere usted pasar acá, y quiere hacer la defensa o la hago yo?”.
Aprovechando los diez minutos otorgados para su descargo, Noblecilla transformó el momento en un discurso político: “A ustedes no les agradezco, les agradezco a Dios porque yo soy creyente. Ojalá que ese crucifijo que está en esta sala pudiera de alguna manera ponerlos a ustedes del lado de la democracia”.
El juez Neyra intervino repetidamente, ordenando con firmeza: “Váyase, señor Noblecilla”. Dado que el abogado persistía en argumentos ajenos al ámbito jurídico, el magistrado solicitó la intervención de la policía para escoltarlo fuera de la sala.
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