La operación de buses hacia la ciudadela inca de Machu Picchu experimenta incertidumbre por el ingreso parcial de las unidades de la empresa San Antonio de Torontoy, que debía iniciar sus servicios desde hoy en la ruta Hiram Bingham. El acuerdo, avalado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), contempla que esta firma y Consettur compartan la operación de transporte entre Aguas Calientes y el sitio arqueológico bajo un esquema del 50% cada una.
Sin embargo, solo cuatro buses de San Antonio de Torontoy han sido habilitados hasta el momento, cuando se preveía la puesta en funcionamiento de ocho unidades de esta empresa. PerúRail no completó el envío de las unidades restantes.
Fue Ronald Vera Gallegos, alcalde de la provincia de Urubamba, quien confirmó a Andina esta situación, por lo cual la municipalidad dispuso personal técnico para fiscalizar el funcionamiento tras vencerse una suspensión administrativa que había frenado el proceso de transición.
El funcionario detalló que el incumplimiento por parte de San Antonio de Torontoy podría acarrear sanciones y penalidades según lo estipulado en el acuerdo con la PCM.
“Lo único que queremos es que PerúRail ingrese los cuatro vehículos, entre mañana o pasado, para que ya pueda operar San Antonio de Torontoy”, manifestó al citado medio.
Mientras tanto, señaló que la venta de boletos y la oficina de operaciones de San Antonio de Torontoy ya han sido instaladas y el software correspondiente está habilitado para expedir los tickets a los pasajeros que llegan a Aguas Calientes o a Machu Picchu Pueblo.
¿Qué pasaría si no cumplen con los acuerdos?
El burgomaestre advirtió posibles sanciones y acciones legales ante el incumplimiento en la operación de buses hacia Machu Picchu. Sostuvo que la municipalidad informaría a la PCM si persiste el retraso durante la jornada, lo que podría derivar en la intervención del organismo nacional sobre las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy.
De acuerdo con información brindada por el propio Vera Gallegos, Consettur carece actualmente de título habilitante para operar la ruta, mientras que la adjudicación a San Antonio de Torontoy es evaluada por la Contraloría General de la República.
Además, la fiscalización podría incluir la incautación de buses, en caso de detectar irregularidades en el proceso.
“Si se tiene que incautar los vehículos a buen recaudo por parte de la municipalidad a Consettur, lo hará entre hoy y pasado mañana, ahora se le ha comunicado a Sernanp (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano) que haga cumplimiento porque hay sobresaturación”, precisó Vera Gallegos a Andina, en relación a la permanencia de cuatro buses de Consettur que debieron haber salido de Machu Picchu Pueblo tras la llegada de las primeras unidades de San Antonio de Torontoy.
En caso de presentarse resistencia a la labor de control, la municipalidad remitirá el hecho al Ministerio Público, advirtiendo posibles denuncias por enriquecimiento ilícito y obstrucción.
El proceso de fiscalización y la eventual toma de medidas por parte de la autoridad local podrían modificar el panorama del transporte a Machu Picchu.
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