Policía desarticula clan familiar dedicada a la extorsión: tomaban fotos y seguían a víctimas antes de amenazarlas

En el Callao y San Martín de Porres, la Policía Nacional desarticuló a un grupo criminal conformado por jóvenes que, según las investigaciones, se dedicaban a extorsionar a sus propios empleadores. El caso salió a la luz luego de que las cámaras de seguridad registraran a dos mujeres fotografiando vehículos y viviendas, imágenes que más tarde serían usadas para enviar mensajes de amenaza a sus víctimas.

Las autoridades determinaron que la organización, compuesta por familiares y amigos, exigía pagos mensuales que iban desde los cinco mil hasta los quince mil soles. Con acceso a datos internos de los negocios donde trabajaban, los implicados obtenían direcciones, números telefónicos y horarios de sus jefes, información clave para intimidarlos y obtener dinero a cambio de “protección”.

Identificadas por las cámaras de seguridad

Las primeras imágenes que despertaron sospechas mostraban a dos mujeres caminando por una calle chalaca. Una de ellas, sin levantar sospechas, tomó una fotografía a un automóvil estacionado. La Policía identificó a las jóvenes como Erika Luisa Huaya Mozombite, de 26 años, y Ruth del Carmen Fernández Chunca, de 23, quienes serían las encargadas de captar la información visual de las posibles víctimas.

Horas después de las tomas, las imágenes eran enviadas junto a mensajes extorsivos. En uno de ellos, los delincuentes amenazaban con asesinar a los trabajadores de un empresario si no realizaba el depósito exigido. Las pericias permitieron establecer que las mujeres pertenecían a una organización liderada por Jorge Óscar Vidal Zapata, pareja de Ruth Fernández, quien coordinaba los cobros y mantenía comunicación con las víctimas.

Amenazas y cuentas a nombre de los implicados

Las autoridades rastrearon las transferencias y hallaron que los depósitos solicitados se dirigían a una cuenta bancaria registrada a nombre de Erika Huaya Mozombite, la misma mujer que había tomado las fotografías. Esta evidencia permitió cerrar el círculo de investigación sobre el grupo delictivo.

Uno de los agraviados era propietario de una tienda de accesorios para celulares, donde Erika y Ruth habían trabajado como promotoras de ventas. Tras renunciar, conservaron información sobre el negocio y su dueño. Poco después comenzaron las amenazas, en las que exigían cinco mil soles mensuales para permitirle “seguir trabajando tranquilo”. Los mensajes detallaban los movimientos del empresario, desde la hora en que llegaba a su oficina hasta sus recorridos diarios, con la clara intención de infundir miedo.

Una tercera implicada con vida activa en redes

Las pesquisas también revelaron la participación de una tercera joven, Dominic Angelina Chilcon Miller, de 20 años. Su nombre apareció en una de las cuentas donde se efectuaron los depósitos extorsivos. Según los agentes, Dominic mantenía una vida pública activa en redes sociales, mientras formaba parte de la red que se encargaba de recibir el dinero proveniente de las amenazas.

La víctima afectada por este grupo entregó parte del dinero solicitado antes de acudir a la Policía, al no soportar la presión de los mensajes que llegaban a su teléfono con frecuencia. La información proporcionada fue clave para que los investigadores siguieran el rastro del dinero y lograran identificar a todos los miembros de la organización.

Operativo policial y captura de los responsables

Agentes de inteligencia realizaron un seguimiento discreto durante varios días. En los videos registrados se observa a Erika Huaya ingresar y salir de su vivienda con normalidad, mientras Ruth Fernández era captada caminando por las calles de San Martín de Porres junto a su pareja, Jorge Vidal. La pareja fue intervenida cuando descendía de un vehículo e ingresaba al departamento que habían alquilado para ocultarse.

Durante el operativo, los agentes incautaron teléfonos celulares, comprobantes bancarios y documentos con datos personales de varias personas. Todos los integrantes quedaron detenidos por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. Las víctimas, que vivieron semanas de miedo y hostigamiento, solicitaron la máxima sanción para los responsables, quienes se valían de la confianza ganada en sus trabajos para obtener información y convertirla en un mecanismo de amenaza.