La violencia se apoderó nuevamente de San Juan de Lurigancho. En la madrugada del martes, una familia del asentamiento humano Arriba Perú fue víctima de un ataque armado perpetrado por extorsionadores que buscan cobrarle un “cupo” de 50 mil soles a una costurera de la zona.
Las cámaras de seguridad captaron el momento del atentado: un sujeto con mascarilla y gorra se acercó a la vivienda, disparó al menos tres veces contra la fachada y huyó junto a un cómplice a bordo de una motocicleta. Las balas impactaron en las paredes y ventanas del inmueble, generando pánico entre los vecinos.
“Han amenazado a mi hermana y a sus hijos. Tenemos miedo por nuestras vidas, ya no dormimos tranquilos”, relató una de las familiares afectadas.
Meses de amenazas y sin protección policial
Según los denunciantes, las amenazas comenzaron hace varios meses a través de cartas extorsivas dejadas en la puerta de la casa. La víctima, una madre de familia que se gana la vida confeccionando ropa, ha recibido advertencias directas de que sería asesinada si no paga el dinero exigido.
A pesar del peligro, la mujer y sus familiares aseguran que no cuentan con resguardo policial. “Lo que pedimos es ayuda, que nos brinden seguridad. Tenemos miedo de salir o de que vuelvan en cualquier momento”, declaró uno de los parientes.
Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para recoger evidencias y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Los peritos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho no descartan que detrás del atentado se encuentre una red de extorsionadores vinculada a organizaciones criminales del Callao que operan desde penales.
Extorsión: un delito que se dispara en Lima y todo el país
El caso de San Juan de Lurigancho se suma a la larga lista de denuncias por extorsión que se registran cada día en el país. Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP), de enero a septiembre de 2025 se reportaron 20,705 casos, un incremento del 28.8% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 16,075.
Esto significa que cada 19 minutos se presenta una denuncia por extorsión en el Perú, de acuerdo con un análisis del ingeniero de datos Juan Carbajal, quien advierte que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes.
En Lima Metropolitana, las denuncias aumentaron en 55.1%, pasando de 5,591 en 2024 a 8,671 en 2025. El Callao también figura entre las regiones más golpeadas, con un alza del 46.7%.
La situación en el norte no es mejor: Piura registró un incremento del 51.1%, mientras Tumbes duplicó sus cifras (109.6%). En Lambayeque el aumento fue del 16.9%, y en Áncash, del 40.4%. En total, 19 regiones del país reportaron incrementos respecto al año anterior.
INPE reconoce fallas en los bloqueadores
En medio de esta crisis, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, admitió que los bloqueadores de señal en los penales están obsoletos y no impiden que los presos sigan coordinando extorsiones desde prisión.
“Los internos cuentan con tecnología más avanzada que el propio Estado. Los sistemas de bloqueo son antiguos y no se han renovado”, señaló en entrevista con Latina Noticias.
Para enfrentar esta situación, el INPE ejecutó la Operación Ciclón, un megaoperativo simultáneo en los penales Miguel Castro Castro, Huaral, Picsi (Chiclayo) y Huamancaca (Huancayo), donde se incautaron celulares, drogas, chips y objetos prohibidos usados para coordinar actividades delictivas. Más de 300 agentes penitenciarios participaron en la intervención.
“En Ancón I se incautaron 18 celulares usados para extorsionar, y en Challapalca, dos más. Estamos reforzando las requisas y el control interno”, precisó Paredes.
Una violencia que no da tregua
En lo que va del año, la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos de mayor crecimiento en el Perú, impulsado por la operación de redes criminales dentro y fuera de los penales. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo, la sensación de inseguridad sigue en aumento.
Mientras tanto, los vecinos del asentamiento humano Arriba Perú reclaman mayor presencia policial y acciones concretas del Gobierno ante una delincuencia que ya no distingue barrio, oficio ni condición social.
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