La ciudad de Lima será escenario de una nueva movilización social este miércoles 15 de octubre. Miles de personas se congregan atendiendo la convocatoria de la Marcha Nacional, que recorre avenidas principales y puntos emblemáticos de la capital.
Los organizadores definieron cinco lugares estratégicos: Plaza Dos de Mayo, Palacio de Justicia, Plaza Francia, Avenida Abancay y Espacio 303, a fin de facilitar la articulación de colectivos ciudadanos, universitarios y gremiales.
Cada bloque social fijó horarios y puntos de encuentro específicos. El Bloque Universitario, con presencia de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP), se reúne desde las cuatro de la tarde en la Plaza Dos de Mayo.
Por su parte, el Bloque Feminista convoca a diferentes colectivos en la Plaza Francia, mientras que artistas y gestores culturales eligieron Espacio 303 en Barranco para sumarse.
Paralelamente, en Avenida Abancay se estima una concentración masiva a partir de las cinco de la tarde, incluyendo a organizaciones sindicales con demandas sectoriales.
Según reportes de medios nacionales, la magnitud de la jornada se refleja en la movilización simultánea en otras ciudades y en la variedad de consignas, lo que define el clima de protesta nacional en una coyuntura política marcada por exigencias de cambios estructurales, reformas legales y demandas ciudadanas.
Municipalidad de Lima denuncia sabotaje en cámaras
En paralelo a la marcha, la Municipalidad Metropolitana de Lima difundió un comunicado donde señala que 415 cámaras del sistema de videovigilancia dejaron de funcionar tras un supuesto sabotaje, apenas horas antes del inicio de la jornada de protesta.
Según la versión oficial, el incidente redujo a solo 29 la cantidad de equipos disponibles para monitorear el Centro Histórico de Lima, situación que la comuna calificó como un riesgo para la seguridad ciudadana.
La denuncia, respaldada por una presentación formal ante las autoridades y la promesa de registros audiovisuales que permitirían identificar a los responsables, fue lanzada en medio de la atención mediática y ciudadana en torno a la protesta.
Sin embargo, la falta de detalles y la coincidencia temporal con la movilización han generado preguntas en sectores de opinión pública, que advierten sobre la dificultad de verificar la naturaleza y el alcance del sabotaje.
Según información divulgada por la propia municipalidad, equipos técnicos lograron restablecer la totalidad del servicio y activaron un plan de respuesta que incluyó el uso de drones, más de 440 cámaras funcionales y la coordinación directa con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
El comunicado también expresó el compromiso del municipio con el derecho a la protesta pacífica, aunque reiteró el rechazo a cualquier acto de violencia o daño a los bienes públicos.
En declaraciones oficiales, la Municipalidad sostuvo: “No se tolerará ningún intento de poner en riesgo la paz y el orden en nuestra ciudad”.
No obstante, en la cobertura de la jornada han surgido cuestionamientos sobre la transparencia del manejo de la información y el uso del incidente en torno al sistema de videovigilancia como argumento frente a la movilización social.
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