El Congreso de la República continúa impulsando leyes con el objetivo de optimizar las políticas de seguridad ciudadana. Sin embargo, aunque hasta el momento no ha derogado las normas consideradas “pro crimen” aprobadas en los últimos meses, sí viene respaldando nuevas propuestas que, según sus impulsores, contribuirán a fortalecer la lucha contra la delincuencia.
La Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, presidida por el fujimorista Arturo Alegría, aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 7631/2023-CR y 10504/2024-CR, ambas iniciativas presentadas por Fuerza Popular, que proponen la creación del Banco Nacional de Perfiles Genéticos.
La medida fue aprobada con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Según la página oficial del Congreso, la propuesta “no invade la intimidad” y, por el contrario, “es una herramienta para el sistema de justicia”.
Para el fujimorista Fernando Rospigliosi, uno de los autores del proyecto, esta ley representa “un recurso para combatir el delito, proteger al ciudadano y generar confianza”.
“Es necesario modernizar todas las herramientas que tiene el Estado peruano que, desgraciadamente, en muchos aspectos, están retrasadas con respecto a los avances que tiene la propia delincuencia”, declaró el legislador.
Sin embargo, su colega, Ruth Luque este proyecto tendría varias irregularidades.
Preocupación por banco genético
La congresista de la bancada Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, expresó su rechazo a la creación del banco de perfiles genéticos, al considerar que estará bajo el control exclusivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), institución que en los últimos meses ha sido cuestionada por diversos casos.
Según explicó la parlamentaria, el texto aprobado no distingue entre quienes cometen delitos y quienes son víctimas de ellos. El primer punto del Artículo 12, que define a las personas de las cuales se tomará la muestra, señala que serán todas aquellas involucradas en una investigación policial, fiscal o en un proceso judicial penal, sin precisar límites ni condiciones.
Además, toda la información recolectada será administrada únicamente por la PNP, sin la participación técnica ni la supervisión del Ministerio Público ni del Instituto de Medicina Legal, entidades especializadas en materia forense.
“Le quieren dar a la PNP el control de perfiles genéticos, dicen para perseguir el crimen, pero no hacen distingo de los delitos, incluyen a víctimas y no sentenciados. La PNP, tan desprestigiada, que criminaliza y terruquea, va a tomar el control de información sensible”, escribió Luque en sus redes sociales.
De todos modos, el polémico dictamen aún debe ser debatido y aprobado en el Pleno del Congreso antes de convertirse en ley.
Congreso y la lucha contra la inseguridad ciudadana
En los últimos meses, el Congreso aprobó normas que dificultan la lucha contra la inseguridad ciudadana. Muchas de estas normas benefician a los mismos parlamentarios o a los líderes de sus partidos que están envueltos en investigaciones por diversos delitos.
Por ejemplo, la Ley 31751, popularmente conocida como la “Ley Soto”, que consiste en la manipulación de los plazos de prescripción para salvarse de procesos penales.
Ley 32104: Salió para apoyar la “Ley Soto” y se aprobó para que pueda aplicarse en todas las instancias del proceso penal. Ley 31990: Recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz, ahora depende de la decisión de la Fiscalía.
Estas iniciativas aún no han sido derogadas.
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