Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

El jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó que el Ejecutivo declare en emergencia el sector transporte a pesar de la creciente presión de gremios de conductores y del Congreso, en medio de una escalada de violencia que afecta a trabajadores y usuarios en Lima y Callao. Las declaraciones del premier se producen luego de que los transportistas realizaran paros y movilizaciones este 6 de octubre, solicitando acciones inmediatas del Estado para contrarrestar el aumento de atentados, extorsiones y asesinatos vinculados a la criminalidad organizada.

El pedido de declaratoria de emergencia fue respaldado en una reunión de alto nivel convocada en el Congreso de la República. Gremios y legisladores acordaron pedir al Poder Ejecutivo que active este mecanismo de excepción, con el objetivo de otorgar mayores facultades a la Policía Nacional y acelerar medidas de seguridad en el sistema de transporte público.

Frente a estas exigencias, el premier explicó públicamente que ya existen mecanismos legales y operativos vigentes para responder a los retos de seguridad ciudadana, sin necesidad de una nueva declaratoria de emergencia exclusiva para el transporte. “Ya existe incluso una declaratoria de emergencia en Nato. Ya hay una declaratoria de emergencia. O sea, ya es válido. Si tuviéramos que decir que hay una declaratoria de emergencia, ya está”, afirmó Arana ante la prensa.

Argumentó que muchas de las capacidades asociadas al estado de emergencia, como la intervención policial, la persecución de responsables y el uso de tecnología de geolocalización, pueden ser implementadas bajo el marco legal ordinario. “Para detener a una persona, ¿necesito tener un estado de emergencia? No la necesito, porque la tengo mediante una investigación, ya he determinado el culpable y lo puedo atrapar. Hay una detención preliminar”, puntualizó. Según Arana, la Policía Nacional dispone de procedimientos eficaces para actuar contra la delincuencia y garantizar la seguridad sin requerir una declaración especial que limite derechos fundamentales.

De acuerdo con lo planteado por el jefe del gabinete, las herramientas tecnológicas y los marcos de operatividad ya vigentes permiten avanzar a las fuerzas del orden en la identificación y detención de presuntos responsables de delitos en el transporte y en otros sectores. “Hay procedimientos que sirven en la que no se puede a los demás, o sea, pretender que toda la sociedad. Es evidente que existen otros mecanismos que se pueden utilizar, y la policía lo está haciendo para llegar al mismo objetivo”, declaró.

Arana remarcó que el Gobierno evitará apelar a una declaratoria de emergencia que solo tenga “un valor conceptual o periodístico”, porque considera que la respuesta debe ser responsable y sustentada en la eficacia policial y jurídica. Insistió en que la decisión del Ejecutivo fue comunicada tanto a los gremios como al Congreso y que su posición sigue firme respecto al uso racional de medidas excepcionales.

A pesar de las declaraciones del premier, los gremios de transporte y parte del Legislativo mantienen activa la exigencia de declarar en emergencia el sector. Argumentan que las estrategias convencionales no han logrado frenar la violencia, y que los operadores continúan expuestos a extorsiones, robos y ataques en múltiples regiones del país.

Ante el rechazo del Ejecutivo, el debate se centra ahora en la capacidad real de respuesta del Estado y en la efectividad de los mecanismos de seguridad existentes para proteger la vida y la integridad de trabajadores y ciudadanos. Mientras el Gobierno apuesta por el fortalecimiento de equipos especializados y el uso de inteligencia policial en el marco legal vigente, el sector transporte y sus representantes insisten en la urgencia de respuestas más contundentes y excepcionales frente a la crisis.