Perú podría perder 10 mil millones de dólares, es decir, una cifra que equivale al 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, debido a los 22 litigios abiertos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
De acuerdo a Hildebrandt en sus trece, este monto equivale a la suma de los presupuestos de los ministerios de Educación y Salud, lo que evidencia la gravedad del escenario. Solo México supera al país en número de expedientes abiertos en el CIADI, pero el Perú ostenta el récord de sentencias adversas, consolidando una tendencia preocupante en el arbitraje internacional.
La magnitud del riesgo fiscal se refleja tanto en el monto total en disputa como en la frecuencia y el tamaño de las sentencias recientes. En lo que va de 2025, el país ha sufrido dos derrotas consecutivas.
Los casos perdidos en el CIADI
El semanario hace un recuento de las demandas que ha perdido el Perú. La primera fue en marzo, cuando concesionaria colombiana Deviandes ganó una demanda relacionada con el cierre del peaje de Ticlio, lo que obligó al Perú a pagar USD 10 millones en reparación, además de USD 2,7 millones en honorarios legales.
En julio, la minera canadiense Lupaka Gold obtuvo una compensación de USD 40,4 millones, más USD 4,2 millones por gastos de defensa, tras un conflicto por la concesión de la mina de oro “Invicta” en Huamara.
El panorama para los próximos meses anticipa nuevos reveses. ENAGAS, exconcesionaria del Gasoducto del Sur, ya ganó una demanda por USD 302 millones debido a la anulación de su contrato, y solo resta la revisión de un último recurso presentado por el Estado peruano.
De manera similar, el consorcio Metro de Lima, conformado por Cosapi y la española ACS, obtuvo una sentencia favorable por USD 470 millones, aunque el Estado busca reducir la multa en USD 170 millones. Mientras se resuelve el caso, la justicia de Luxemburgo ha embargado bienes y cuentas del Perú en ese país por USD 315 millones, a solicitud de ACS.
Además, el país perdió un arbitraje con IC Power y Kenon Holdings, empresas de capital israelí y singapurense, por un monto de USD 110 millones, tras un fallo que determinó trato discriminatorio en el cambio de tarifas de transmisión eléctrica.
A estos casos se suman demandas emblemáticas aún pendientes de resolución. Odebrecht reclama USD 1.400 millones por la anulación del contrato del Gasoducto del Sur, argumentando que la decisión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski los llevó al borde de la quiebra financiera. Telefónica del Perú exige S/1.355 millones por presuntos cobros ilegales de intereses tributarios entre 1998 y 2001.
Vinci, concesionaria de la Línea Amarilla y la Vía Expresa, solicita USD 365 millones en compensación por la negativa de la Municipalidad de Lima a autorizar un aumento en la tarifa de peaje. Scotiabank demanda USD 126 millones por el cobro de impuestos, mientras que la Operadora Ecológica Titicaca reclama S/247 millones por la anulación de un contrato de tratamiento de aguas residuales en Puno.
Hildebrant en sus trece explica que Backus pide la devolución de S/1.600 millones que, según la empresa, pagó en exceso a la SUNAT. También figuran demandas de TV Azteca, por la anulación de la concesión de la Dorsal Nacional de Fibra Óptica, y de la española Cobra, que exige 1.400 millones de dólares por demoras en el proyecto Majes Siguas en Arequipa.
El caso de mayor cuantía involucra al fondo canadiense Brookfield, que en marzo de este año demandó al Perú por 2.700 millones de dólarestras la anulación del peaje de Puente Piedra, una decisión impulsada por el alcalde Rafael López Aliaga. Brookfield, que administra una cartera de inversiones de 200 mil millones de dólares, epresenta un adversario de peso en el arbitraje internacional.
El impacto fiscal de una nueva derrota
El impacto fiscal de estos litigios es considerable. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene una reserva de contingencia equivalente al 2,3% del PBI nacional, es decir, 6.400 millones de dólares, depositados en el Banco de la Nación para hacer frente a posibles sentencias adversas.
Esta obligación legal de reservar fondos para contingencias internacionales limita la capacidad del Estado para destinar recursos a otras áreas prioritarias. Además, los embargos internacionales, como el ejecutado en Luxemburgo, y los elevados costos de defensa legal —que en algunos casos superan el millón de soles por bufete contratado— agravan la presión sobre el presupuesto nacional.
Henry Zevallos, profesor de arbitraje y derecho internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señala al medio que desde 2021 la mayoría de los laudos han sido adversos para el país, y atribuye parte del problema a la costumbre de buscar rédito político mediante la revisión o anulación de contratos con empresas extranjeras.
Según Zevallos, “a nivel interno seguramente trae aplausos, pero afuera es mal visto. Si bien organismos como el CIADI evalúan la parte técnica de los contratos, también observan cómo se comportan los funcionarios de un país”. Esta percepción negativa puede influir en las decisiones de los tribunales internacionales y aumentar el riesgo de sentencias desfavorables.
Por su parte, Edisson Tito Peralta, profesor de derecho en la PUCP y especialista en regulación, destaca a Hildebrandt en sus trece que el CIADI fue creado para brindar seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros, permitiendo que las empresas recurran directamente al arbitraje internacional. Aunque las estadísticas globales muestran que los Estados suelen ganar la mayoría de los casos, el Perú no sigue ese patrón, lo que evidencia una situación atípica y preocupante.
En el balance histórico, el Perú ha concluido 26 casos en el CIADI, con 14 fallos favorables. Entre las victorias figuran los casos de Cerro Verde, Lidercon y Doe Run. Sin embargo, las derrotas recientes, como las sufridas ante Gramercy (USD 18 millones), Kuntur Wasi (USD 91 millones) y Bear Creek (USD 32 millones), han inclinado la balanza hacia un escenario de mayor vulnerabilidad.
En 2021, el país se convirtió en la nación más demandada del mundo en el CIADI, superando a Venezuela y Argentina, países tradicionalmente recurrentes en este tipo de litigios.
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