La Fiscalía de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo inició una investigación preliminar para esclarecer los ataques sufridos por periodistas durante las protestas de la llamada Marcha de la Generación Z, realizadas los días 20 y 21 de septiembre de 2025 en el Centro de Lima. La indagación se centra en presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad cometidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), según comunicó el Ministerio Público en una nota oficial difundida este jueves.
Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron cuando, durante la cobertura de las marchas juveniles, varios periodistas y manifestantes resultaron heridos por disparos de perdigones y golpes propinados por las fuerzas del orden. Entre los agredidos se encuentran Jahaira Pacheco y el camarógrafo Percy Grados, miembros del equipo de Exitosa Noticias, quienes recibieron lesiones en las piernas pese a estar identificados con credenciales de prensa y transmitir en directo la detención de un protestante. Según el testimonio recogido por su medio, Pacheco relató: “Nos han impactado tres veces y a mi camarógrafo una, incluso nuestras prendas quedaron perforadas”.
Casos similares se reportaron con otros comunicadores. Diego Quispe, reportero de Ojo Público, resultó herido con tres impactos de perdigón —dos de ellos en la espalda— durante la dispersión policial, pese a que mostró repetidas veces sus credenciales de prensa, declaró el afectado. Por su parte, el fotógrafo Gabriel García Barandiarán, del mismo medio, recibió golpes con varas policiales en las rodillas al intentar documentar los incidentes.
Junto a los periodistas víctimas de la represión, al menos cinco manifestantes sufrieron heridas por perdigones, golpes y el uso directo de cartuchos de gas lacrimógeno disparados contra sus cuerpos, práctica prohibida por los protocolos internacionales. Brigadas de salud que atendieron en el lugar registraron lesiones en brazos, piernas y otras zonas expuestas.
La investigación del Ministerio Público, específicamente a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, incluye la recolección y análisis de evidencias balísticas y audiovisuales, tanto de las cámaras municipales de videovigilancia como de los exteriores de instituciones públicas y privadas ubicadas en la ruta de la manifestación. La Fiscalía indicó que se asegurará toda información disponible, incluidas imágenes provenientes de fuentes abiertas y redes sociales.
La Policía Nacional del Perú sostuvo que su actuación tuvo como único propósito mantener el orden público y la seguridad tanto de manifestantes como de transeúntes y trabajadores del centro de la ciudad. A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución declaró: “El compromiso de la PNP es garantizar que toda movilización se realice en un ambiente seguro, protegiendo tanto a quienes ejercen su derecho a protestar como a quienes desean transitar, trabajar y vivir en tranquilidad”. Sin embargo, los testimonios y las imágenes difundidas por diversos medios de comunicación y organizaciones civiles contradicen este relato y ponen en cuestión la versión oficial.
Las agresiones han generado fuertes pronunciamientos de organismos de defensa de la libertad de prensa y derechos humanos. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó los hechos y exigió sanciones inmediatas para los responsables de disparar y restringir la labor periodística. Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidieron que el Ministerio del Interior y la PNP asuman responsabilidad, sancionen a los responsables y garanticen la no repetición de ataques a trabajadores de la prensa durante futuras movilizaciones.
Según datos de la Asociación Nacional de Periodistas, entre enero y julio de 2025 se reportaron al menos 180 ataques contra periodistas y dos asesinatos en el país, duplicando los registros de años anteriores. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió que el año 2025 representa el periodo más crítico para la labor periodística en Perú desde la década de 1990, tanto por los asesinatos como por el acoso sistemático y la impunidad ante agresiones contra la prensa.
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