¿Declarar estado de emergencia el transporte público ante ola de extorsiones?: La propuesta de Dina Boluarte para frenar los asesinatos

La presidenta del Perú anunció que el Ejecutivo estudia declarar el estado de emergencia en el transporte público para facilitar la compra de cámaras y reforzar la seguridad, en respuesta a los reclamos de los gremios y el incremento de la criminalidad en el sector

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Si el gobierno de Dina Boluarte no responde a las demandas sobre inseguridad ciudadana, la próxima manifestación social se desarrollaría durante la APEC Perú 2024.
Si el gobierno de Dina Boluarte no responde a las demandas sobre inseguridad ciudadana, la próxima manifestación social se desarrollaría durante la APEC Perú 2024. (Composición: Infobae Perú)

El Gobierno de Perú evalúa declarar el estado de emergencia del medio de transporte como respuesta a la crisis de inseguridad y criminalidad que afecta al sector en Lima y el Callao.

La presidenta Dina Boluarte adelantó que esta medida facilitaría la adquisición directa de cámaras de seguridad y reforzaría la presencia policial en unidades y paraderos.

Evaluación de nuevas medidas

Durante el paro convocado por diferentes gremios de transportistas para este jueves 2 de octubre, la presidenta del país afirmó que se encuentran analizando la posibilidad de convocar un estado de excepción en la red de transporte urbano de Lima Metropolitana y Callao a fin de facilitar la adquisición de gadgets que ayuden a luchar contra el crimen.

“Estamos viendo la modalidad de declarar en estado de emergencia el medio de transporte para que, de esa manera, se puedan comprar de manera directa las cámaras”, dijo Boluarte, apuntando a superar los obstáculos administrativos que han frustrado convocatorias anteriores para modernizar el sistema de seguridad en el transporte público.

Según indicó la mandataria, la finalidad prioritaria de esta declaración sería agilizar las compras esenciales para fortalecer los mecanismos de vigilancia, además de incrementar el despliegue de agentes policiales en rutas y puntos estratégicos. 

“La compra de las cámaras, lamentablemente cuando hay que hacer todo un proceso para la adquisición de estas cámaras, se ha caído más de una vez esta convocatoria”, enfatizó la mandataria.

La jefa de Estado también hizo un llamado a los transportistas a deponer las medidas de fuerza. “Con un paro de 24, 48 horas o más en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos”, manifestó Boluarte.

Solicitó, además, restablecer el servicio para evitar afectaciones económicas y facilitar la movilidad de quienes dependen del transporte público en sus desplazamientos cotidianos.

MTC informó que, a través de la ATU, instalarán cámaras de videovigilancia en 24 mil vehículos de transporte urbano.
Buscan instalar cámaras de videovigilancia en vehículos de transporte urbano.

Crisis de seguridad y demandas del sector transporte

La paralización realizada por los transportistas tiene como motor principal la ola de extorsiones, amenazas y sicariato que sufre el sector. Diferentes gremios han solicitado la creación de una unidad de élite integrada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial, bajo la premisa de actuar coordinadamente y reducir los vacíos institucionales que dificultan el combate de la delincuencia organizada. 

Héctor Vargas, vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, declaró que es imprescindible concretar una fuerza especializada, similar a la del FBI en los Estados Unidos, para avanzar en investigaciones y detenciones.

La presidenta de la República reiteró en su discurso que el derecho a la protesta debe ejercerse de forma pacífica y dentro del marco legal.

“Si salimos a protestar, que sea en esa conducta de paz, sin generar violencia y sin generar actividades que puedan dañar la propiedad privada o la pública. El derecho a la protesta no es el derecho a la violencia”, puntualizó Boluarte.

Por su parte, los organizadores del paro anunciaron una movilización hacia el Congreso de la República para presentar sus demandas y solicitar la instauración de una comisión multipartidaria que atienda el flagelo de la inseguridad en el transporte urbano.

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