Fiscalía vincula al alcalde de Carabayllo con adjudicaciones irregulares, uso de vehículos de criminales y nexos con ‘El Jorobado’

La madrugada de este miércoles, un despliegue conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado intervino 53 inmuebles en Lima Norte en el marco de una investigación que busca desarticular a la organización liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado. Durante la operación, las autoridades incluyeron en el allanamiento la vivienda y oficinas de la Municipalidad de Carabayllo, a cargo del alcalde Pablo Mendoza Cueva, señalado por presuntos vínculos con la red.

La investigación fiscal sostiene que Mendoza habría favorecido a integrantes de la organización criminal mediante la asignación de contratos municipales y la autorización de actividades en espacios públicos. A ello se suma el uso de vehículos de lujo pertenecientes a miembros de la red, que eran alquilados para la gestión edil, con el fin de dar apariencia legal a bienes de origen ilícito.

Allanamiento a la vivienda del alcalde de Carabayllo

Entre los inmuebles intervenidos durante el operativo se incluyó la residencia del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, donde la Fiscalía y la Policía desarrollaron diligencias en busca de pruebas que lo vinculen con Los Sanguinarios de la Construcción. El procedimiento también alcanzó predios municipales del distrito, en el marco de las indagaciones sobre la presunta participación de la autoridad edil en las actividades del grupo delictivo.

De acuerdo con fuentes fiscales, Mendoza estaría relacionado con la designación de contratos y concesiones que habrían beneficiado a allegados de la organización criminal. Aunque no pesa orden de detención contra el alcalde, su papel es investigado como posible brazo político dentro de la estructura dirigida por El Jorobado, actualmente encarcelado por delitos de tenencia ilegal de armas y señalado por extorsión y homicidio.

Contratos irregulares y vehículos de lujo al servicio del municipio

Las pesquisas apuntan a que funcionarios municipales bajo la gestión de Mendoza habrían direccionado procesos de contratación a favor de empresas ligadas a la organización criminal. Según la tesis fiscal, se identificó la existencia de compañías fachada utilizadas por los integrantes del grupo para obtener beneficios en obras públicas y servicios.

Además, se detectó que vehículos de alto valor, registrados a nombre de integrantes de la red delictiva, fueron alquilados para uso municipal. Esta práctica habría permitido blanquear los bienes, otorgándoles una cobertura legal a pesar de que provenían de actividades ilícitas como extorsión y cobro de cupos en el sector de la construcción y el transporte.

Permisos en espacios públicos y resistencia durante el operativo

Dentro de las acciones atribuidas al alcalde de Carabayllo también figura la entrega de permisos para el uso de recintos municipales, como el estadio Ricardo Palma, donde la red criminal habría organizado actividades con fines ilícitos. Estos hechos forman parte de la hipótesis de la Fiscalía que apunta a la participación del burgomaestre como facilitador en la operación de la organización en Lima Norte.

Durante el allanamiento, agentes de seguridad del alcalde habrían intentado impedir el ingreso de las autoridades. En ese contexto, uno de los custodios fue detenido por portar un arma sin licencia, mientras continuaban las diligencias en la residencia del burgomaestre y en oficinas de la municipalidad. El incidente fue incluido en las actas del operativo.

Estructura de la red y próximos pasos de la investigación

La organización criminal liderada por El Jorobado fue vinculada a al menos once asesinatos, según informó la División de Investigación de Crimen Organizado. Su ámbito de influencia se extendió a los municipios de Lima Norte, donde habría contado con respaldo político para consolidar el control sobre el cobro de cupos en obras de construcción y transporte.

Las autoridades incautaron vehículos, municiones, chalecos antibalas, cacerinas, tarjetas bancarias y documentos, además de congelar cuentas y bloquear bienes vinculados a la organización. La Fiscalía evalúa las próximas medidas contra los presuntos colaboradores, entre ellos el alcalde Mendoza, cuya participación dentro de la estructura criminal es considerada un punto clave en el avance de las investigaciones.