El registro oficial de obsequios recibidos por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, revela una lista de artículos que abarca desde regalos protocolarios hasta objetos de lujo valorados en miles de dólares. Según una investigación difundida por Punto Final, entre los presentes recibidos destacan una réplica de la estatua de bronce de Sanxingdui —cuya cotización en subastas internacionales supera los 10.000 dólares—, sets de cosméticos coreanos de marcas exclusivas que pueden alcanzar los 20.000 dólares y perfumes Dior de edición limitada.
Punto Final informó que, gracias a un requerimiento de acceso a la información, obtuvo el detalle de los obsequios entregados al Despacho Presidencial. La lista incluye perfumes exclusivos, vajillas japonesas valoradas en 650 dólares por plato, adornos, jarrones y cuchillos ceremoniales que superan los miles de dólares en el mercado internacional. Figuran también sets de cosméticos coreanos, piezas de porcelana y botellas de sake. Entre los objetos registrados existen cajas cuya descripción no detalla el contenido.
El registro presentado por las autoridades no incluye los relojes Rolex que, según diversas denuncias, habría recibido Boluarte de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ni otros regalos entregados por alcaldes y gobernadores en actos oficiales. Estos objetos no declarados han estado en el centro de la polémica, impulsando una revisión de las normas que regulan los obsequios a funcionarios.
Tras el escándalo de los relojes en marzo de 2024, Palacio de Gobierno no prohibió la recepción de regalos, sino que flexibilizó la directiva que regula su aceptación. Según la docente de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Janeyri Boyer, esta decisión abre la puerta a que todo tipo de obsequios se consideren permitidos. “La directiva tiene demasiadas excepciones, que en la práctica permiten todo. Es ilegal, inconstitucional y va contra las recomendaciones de la OCDE”, señaló Boyer en declaraciones recogidas por Punto Final.
La normativa actual posibilita que la presidenta reciba regalos de familiares, amigos e incluso funcionarios públicos, sin restricciones de valor ni obligatoriedad de informar sobre sus destinos finales. Esta flexibilidad genera dudas sobre el destino y titularidad de los objetos, especialmente con la posibilidad de que bienes de lujo ingresen al patrimonio personal al concluir el mandato.
El politólogo José Carlos Requena observa que esta situación agudiza la percepción de desconexión entre el entorno presidencial y la ciudadanía. “Estas frivolidades son evidentes, pero ella parece sentir que tiene derecho a ellas. Hay una seria disociación entre lo que vive la población y lo que transmite la presidenta”, opinó Requena para Punto Final.
En un contexto nacional marcado por la inseguridad y la crisis económica, la recepción de obsequios de alto valor por parte de la mandataria y la falta de restricciones puntuales refuerzan el debate sobre transparencia y responsabilidad en el ejercicio público.
Escándalo presidencial
El “Rolexgate” es el nombre que recibió el escándalo por la posesión de relojes de la marca Rolex por parte de Dina Boluarte, presidenta de Perú, y las dudas sobre su origen y declaración formal. El caso comenzó en marzo de 2024, cuando medios de comunicación, como La Encerrona y Punto Final, revelaron que la mandataria habría utilizado en distintos eventos relojes de lujo que no figuraban en sus declaraciones oficiales de bienes y rentas.
La controversia creció al conocerse que uno de estos relojes —valorado en varios miles de dólares— habría sido entregado a Boluarte por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien también le habría obsequiado otras joyas costosas. Posteriormente, surgieron cuestionamientos sobre la omisión de estos objetos en los registros públicos y la posible infracción a la legislación peruana sobre regalos y transparencia.
El escándalo puso bajo escrutinio la falta de control en la recepción de obsequios y provocó investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. Además, generó críticas sobre la permisividad normativa en Palacio de Gobierno y el contraste entre los lujos presidenciales y la crisis económica que afecta al país.
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