Abogado de Delia Espinoza asegura que suspensión está vinculada a investigaciones contra el Ejecutivo y 107 congresistas

El abogado de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, Luciano López, aseguró que la suspensión dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) carece de sustento constitucional y responde a la incomodidad que generan las investigaciones que la magistrada emprendió contra altas autoridades del Estado. En declaraciones a RPP, el defensor sostuvo que la medida era “totalmente previsible” y consolida un procedimiento irregular.

Según explicó, el cargo de Espinoza fue otorgado por mandato constitucional de la Junta de Fiscales Supremos, por lo que la JNJ no tendría competencias para separarla. “Ellos saben que están demandados en un juicio de amparo sobre el origen de esta cuestión cuya constitucionalidad está en controversia. ¿Cuál? Si la señora Espinoza debía despojarse de un cargo otorgado por la Junta de Fiscales Supremos o si debía acatar una decisión de la JNJ, que no tiene esa competencia”, señaló López.

Proceso de amparo en curso

El abogado recordó que el 16 de junio, se presentó una demanda de amparo para revertir la decisión. Dicho proceso ya cuenta con una audiencia programada para la próxima semana y podría derivar en una sentencia en primera instancia. Además, mencionó que se planteó una medida cautelar, la cual inicialmente fue rechazada, pero ahora debe ser reevaluada.

“El juez inicialmente no nos concedió la medida cautelar. Nosotros apelamos y, el día de ayer, la Tercera Sala Constitucional de Lima le enmendó la plana al juez y le declaró nula su resolución. Lo que le dijo fue: ‘Pronúnciese sobre lo que están cuestionando’, es decir, la falta de competencia de la JNJ. Ese pronunciamiento debería coincidir con la audiencia ya programada”, detalló el letrado.

Cuestionamientos al procedimiento

Pese a que el pleno de la JNJ oficializó la suspensión, López indicó que hasta el momento de la entrevista no habían recibido la notificación formal, ni él ni el equipo de asesores de Espinoza.

En ese sentido, comparó la situación con un proceso arbitrado de manera irregular. “¿Cómo vamos a jugar un partido con el árbitro ya prácticamente con las decisiones tomadas y con una cancha enlodada? Es un procedimiento totalmente irregular”, afirmó el defensor en diálogo con RPP.

Suspensión ligada a investigaciones de alto nivel

Consultado sobre las motivaciones que estarían detrás de la separación de Espinoza, el abogado sostuvo que la medida responde al impacto de las investigaciones abiertas por su defendida desde que asumió funciones como fiscal suprema en noviembre de 2024. Entre los procesos figuran denuncias contra la presidenta de la República, contra 107 de los 130 congresistas, además de ministros de Estado y miembros de la propia JNJ.

“Las cifras demuestran cuál puede ser la razón. Mi defendida informó esta mañana que desde noviembre de 2024 inició investigaciones contra la presidenta de la República. Además, ayer me comentó que son 107 congresistas denunciados. A esto se suman ministros y miembros de la JNJ. Todo este lío se ha armado porque resulta incómoda para el poder, ya que hablamos de investigaciones por alta corrupción”, advirtió.

Retorno de fiscales investigados

López también cuestionó que, en paralelo a la suspensión de Espinoza, la JNJ haya permitido el retorno de fiscales con procesos pendientes. Mencionó específicamente a Patricia Benavides, sobre quien pesan 11 carpetas fiscales, y a Tomás Gálvez, con dos denuncias constitucionales. “Este escenario refleja un manejo irregular y arbitrario que favorece a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, mientras se aparta a quien investiga a las más altas autoridades”, manifestó.

Según el abogado, la medida adoptada por la JNJ abre serias dudas sobre la transparencia institucional. “Estamos hablando de un contexto en el que, al parecer, resulta más cómodo reinstalar a fiscales cuestionados que permitir que se mantenga en el cargo una magistrada que promueve investigaciones incómodas contra el poder político y judicial”, subrayó.

Encargatura y sucesión en la Fiscalía

Respecto a lo que ocurrirá tras la suspensión, López indicó que Espinoza deberá acatar la medida, ya que se trata de una suspensión y no de una destitución definitiva. Esto significa que el caso pasará a la Junta de Fiscales Supremos, que deberá designar a un encargado de acuerdo con la línea de sucesión prevista por ley.

“Lo que corresponde es una encargatura, y la sucesión corresponde siempre al más antiguo y así sucesivamente. En este caso, le corresponde al doctor Pablo Sánchez. Pero son cuestiones que tendrá que decidir la Junta de Fiscales Supremos”, precisó el abogado defensor.