El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó una operación de control en el penal Miguel Castro Castro, uno de los establecimientos más vigilados del país, con el objetivo de frenar actos de extorsión y garantizar la seguridad interna. La intervención se desarrolló en el pabellón 1, donde se hallaron drogas, equipos electrónicos y otros objetos prohibidos que permanecían ocultos en diversos espacios.
La medida fue dispuesta por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, como parte de la estrategia institucional denominada “Seguridad en Acción”. Según la entidad, el despliegue reafirma el principio de autoridad dentro de los recintos penitenciarios, donde los intentos de ingreso y almacenamiento de artículos ilícitos se mantienen como un desafío constante para las autoridades.
El director del penal, Omar Salas Llerena, encabezó la acción de seguridad iniciada a las 8:30 de la mañana, con la participación de personal penitenciario que ingresó de manera sorpresiva a las instalaciones. “El personal de seguridad continuará alerta para impedir el ingreso y permanencia de objetos o sustancias que puedan alterar el orden interno y la seguridad penitenciaria”, indicó Salas.
Sustancias prohibidas y material incautado
Durante la inspección se confiscaron 1500 ketes, 4 bolsas plásticas y 650 bolsas pequeñas con sustancias ilegales. Además, se hallaron 17 objetos de forma ovoide y cuadrada con contenidos blanquecinos aún por identificar, así como 350 envoltorios con piedras cristalizadas de color rosado, presuntamente droga tusi, también llamada “cocaína rosada”.
El operativo no solo permitió interceptar estupefacientes, sino también diversos equipos electrónicos. Entre lo incautado figuran 9 celulares, 8 placas electrónicas, 2 cargadores, 13 audífonos y 8 cables USB de diferentes tipos. Estos dispositivos, empleados con frecuencia en actividades de comunicación ilícita, representan un riesgo directo para el control penitenciario y la seguridad ciudadana.
La acción de seguridad consistió en una inspección minuciosa de celdas, pasadizos, tuberías, servicios higiénicos y el patio del pabellón. La revisión estuvo a cargo de agentes de seguridad penitenciaria, quienes realizaron un ingreso sorpresivo con la finalidad de impedir la ocultación de objetos en caletas improvisadas.
Finalizada la intervención, los hallazgos fueron comunicados al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para que actúen de acuerdo con sus competencias legales. Con este procedimiento, el INPE busca consolidar una política de prevención frente a delitos cometidos desde los centros de reclusión.
Castro Castro: un penal con sobrepoblación
El establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, también conocido como Penal de Cantogrande, se ubica en San Juan de Lurigancho, distrito de la ciudad de Lima. Su construcción se realizó entre 1984 y 1986, con una capacidad inicial para 1800 internos. Sin embargo, para abril de 2018, albergaba a más de 4000 personas privadas de libertad, lo que refleja una situación de hacinamiento.
Este penal se encuentra catalogado como un espacio de mínima seguridad, aunque en la práctica se convirtió en centro de reclusión de internos de distinta procedencia, incluidos personajes conocidos de la política nacional. Entre los que pasaron por sus instalaciones se encuentran el expresidente del Congreso Jaime Yoshiyama, el exministro Geiner Alvarado, los excongresistas Daniel Urresti y Edwin Donayre, el exalcalde de Lima Luis Castañeda, así como el ex presidente del Consejo de Ministros César Villanueva y el periodista Mauricio Fernandini.
Castro Castro fue escenario de episodios que marcaron la historia penitenciaria del país. El 9 de julio de 1990, Víctor Polay Campos, junto con 47 militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), logró escapar mediante un túnel construido durante meses. La fuga evidenció las debilidades en la seguridad del establecimiento y tuvo amplia repercusión política.
Dos años después, entre el 6 y 9 de mayo de 1992, se desarrolló el operativo denominado Mudanza 1. Durante esa intervención, el centro penitenciario se encontraba tomado por internos senderistas. El resultado fue un saldo de decenas de muertos y numerosos heridos. Los sobrevivientes denunciaron tratos crueles y violencia sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado peruano por el uso excesivo de la fuerza.
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