El Congreso de la República aprobó por unanimidad un dictamen que endurece las sanciones contra el sicariato en el Perú y la conspiración para cometer este delito. La reforma, que modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal, eleva la pena mínima a 30 años de prisión y contempla cadena perpetua en casos agravados.
Con 106 votos a favor y sin ningún voto en contra, el Pleno avaló la propuesta impulsada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la cual fue exonerada de segunda votación para agilizar su envío al Poder Ejecutivo. Según los legisladores, la medida responde a la grave crisis de seguridad ciudadana y al crecimiento del crimen organizado en el país.
Durante el debate, congresistas de distintas bancadas coincidieron en que el sicariato se ha convertido en una de las modalidades delictivas más violentas y frecuentes, afectando directamente a transportistas, comerciantes y trabajadores de servicios públicos. Algunos incluso plantearon medidas más drásticas, como la pena de muerte, aunque la propuesta no prosperó.
Congreso aprueba penas más severas contra el sicariato
El dictamen aprobado establece que no solo serán sancionados los autores materiales de los asesinatos por encargo, sino también quienes ordenan, coordinan o actúan como intermediarios. En todos los casos, la sanción será de al menos 30 años de cárcel, un incremento frente a la legislación anterior que fijaba un mínimo de 25.
La reforma también amplía los supuestos para aplicar cadena perpetua. Esta sanción alcanzará a quienes utilicen a menores de edad o personas inimputables para ejecutar crímenes, así como cuando las víctimas sean transportistas, bodegueros, empresarios o trabajadores vinculados a servicios públicos. Con ello se busca frenar el reclutamiento de adolescentes y castigar con mayor severidad a las organizaciones que convierten la vida humana en mercancía.
Uno de los puntos más debatidos fue la incorporación de un agravante cuando el asesinato es ordenado desde un centro penitenciario, una práctica identificada por las autoridades como parte de la estrategia de las bandas criminales que operan desde las cárceles. “El dictamen endurece penas por sicariato incluso si las órdenes provienen desde la cárcel. Ataca una realidad crítica y refuerza el Estado de Derecho”, señaló el congresista Flavio Cruz.
La aprobación, considerada una respuesta unánime frente a la ola de violencia, ahora deberá pasar a evaluación del Poder Ejecutivo. En los próximos días, la Presidencia decidirá si promulga la reforma que endurece las penas contra el sicariato y busca contener el avance del crimen organizado.
Homicidios en 2025 ya superan las 1.200 víctimas y Lima concentra casi la mitad de los casos
El avance de la violencia se refleja en las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Hasta el 4 de agosto de 2025 se habían contabilizado 1.293 homicidios en todo el país, una cifra que evidencia la magnitud del problema y la falta de capacidad de respuesta frente a la criminalidad. Solo en un día, entre el 2 y 3 de agosto, se reportaron 12 asesinatos, confirmando que la tendencia al alza no da tregua.
Las estadísticas muestran que la mayor carga de violencia se concentra en Lima región, donde ya se registran 462 muertes violentas en lo que va del año. Le siguen La Libertad con 141 casos, el Callao con 121 y Piura con 82, territorios que se han convertido en focos críticos del crimen organizado. Estas cifras consolidan un escenario donde el sicariato, la extorsión y los ajustes de cuentas son cada vez más frecuentes.
La magnitud de los homicidios también se evidencia en la brutalidad de los casos recientes. Entre las víctimas figuran civiles, comerciantes, empresarios y hasta miembros de la Policía Nacional, que enfrentan al crimen organizado muchas veces sin el equipamiento necesario para su propia protección. El impacto en la ciudadanía es inmediato: comunidades enteras viven con temor ante la posibilidad de nuevos ataques y la sensación de desamparo se expande en todo el país.
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