La provincia de Huaura se convirtió nuevamente en escenario de una intervención contra la criminalidad organizada. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional desplegaron un operativo en distintos distritos del norte chico para ejecutar órdenes de detención preliminar contra presuntos miembros de una red dedicada al tráfico de terrenos, extorsiones y homicidios.
La acción incluyó el allanamiento de inmuebles y celdas del penal de Huacho, donde también se encontraron evidencias vinculadas al funcionamiento de esta organización. El Ministerio Público señaló que el objetivo de la diligencia es reunir pruebas que permitan esclarecer cómo se estructuró y operó esta agrupación delictiva en los últimos años.
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El golpe al grupo delictivo
Fueron arrestados 10 presuntos integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los indeseables del norte chico’. La medida judicial ordenó 15 días de detención preliminar, mientras continúan las pesquisas. En paralelo, se realizaron 23 allanamientos en viviendas de Huaura, Huacho, Hualmay, Santa María y la Caleta de Carquín, además de cinco celdas en el establecimiento penitenciario de Huacho.
Durante las intervenciones se incautaron teléfonos celulares, laptops, chips, armas de fuego y otros dispositivos que habrían servido para coordinar las actividades ilícitas. La Fiscalía informó también sobre el hallazgo de más de 1,500 dólares en efectivo, estupefacientes y armamento en uno de los inmuebles inspeccionados.
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Una estructura con años de operación
La investigación fiscal detalla que esta red criminal operaba desde 2019 y tenía como principal actividad la falsificación de escrituras públicas, minutas y otros documentos notariales que servían para dar apariencia legal a la apropiación de terrenos. Bajo este esquema, la agrupación extendía su influencia y consolidaba un negocio ilegal en la región.
El Ministerio Público indicó que, además de usurpar predios, los integrantes de la organización imponían amenazas a sindicatos y trabajadores de construcción civil, a quienes exigían pagos periódicos. La presión se extendía también a conductores y cobradores de transporte informal en paraderos de la zona, consolidando así una red de cobro de cupos que mantenía bajo control a diferentes sectores.
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Extorsión y violencia como herramientas
El titular de la investigación, fiscal provincial Luis Alberto Salas Ostos, señaló que varios de los recientes crímenes contra transportistas y trabajadores estarían vinculados a esta red. El uso de sicarios para amedrentar y eliminar a quienes se oponían formaba parte del modus operandi de la agrupación.
La Fiscalía resaltó que la violencia era el mecanismo empleado para afianzar el control territorial y garantizar que las víctimas cumplieran con los pagos exigidos. Este patrón generó un clima de temor que afectó a comunidades enteras en Huaura y distritos aledaños.
El despliegue de fiscales y agentes especializados
La diligencia estuvo dirigida por el fiscal provincial Luis Salas Ostos y contó con la participación de 22 fiscales adjuntos de diversas especialidades, además de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). El despliegue permitió una acción simultánea que buscó asegurar el mayor número de pruebas.
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El Ministerio Público sostuvo que con este operativo se da un paso importante en el proceso de investigación para identificar con precisión la estructura interna de la organización y establecer la responsabilidad penal de cada uno de los detenidos. La Fiscalía adelantó que continuará recabando información sobre las conexiones de la red en distintos puntos del norte chico.
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