La Fiscalía de la Nación inició una supervisión especial en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) con el objetivo de acelerar la tramitación de casi 600 carpetas fiscales en trámite, la mayoría relacionadas con delitos de violencia sexual y acoso que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes indígenas. La intervención también servirá para reforzar el trabajo del equipo local y preparar la instalación de nuevas fiscalías en zonas estratégicas del territorio awajún y wampis.
La visita estuvo a cargo de las fiscales especializadas en Violencia contra la Mujer de Lima Centro, Zuleika Morey y Ángela Manayay, quienes acompañaron al equipo de la Fiscalía de Nieva, ubicado en el centro poblado Juan Velasco Alvarado. Allí se identificó que los delitos de mayor incidencia en la provincia corresponden a violación sexual y acoso sexual, con especial preocupación por el elevado número de víctimas menores de edad.
El despacho local, liderado por el fiscal provincial Manuel Cieza Sotomayor, la fiscal adjunta Matilde Quispe y tres asistentes, viene gestionando estas investigaciones desde la creación de la Fiscalía Especializada en abril de este año.
Para mejorar la atención en comunidades alejadas, el Ministerio Público anunció la próxima implementación de dos fiscalías adicionales en las localidades de Yutupis (Río Santiago) y Huampami (Cenepa). Estas zonas concentran una alta incidencia de casos de violencia sexual y violencia familiar, pero su lejanía con Santa María de Nieva ha dificultado durante años que las víctimas accedan a denunciar y recibir acompañamiento oportuno.
Una emergencia de derechos humanos en Condorcanqui
Las cifras revelan la magnitud de la problemática. Al 10 de marzo de 2025, en la provincia de Condorcanqui se habían presentado 616 denuncias contra docentes y 52 contra trabajadores administrativos por delitos de violencia sexual. De ellos, 162 (150 docentes y 12 administrativos) enfrentan investigaciones fiscales en trámite y fueron separados de las escuelas, mientras que 469 personas con procesos judiciales pendientes han sido bloqueadas en el sistema de contrataciones del Ministerio de Educación (Minedu).
El propio Minedu informó que, desde abril de 2024, 780 docentes y trabajadores administrativos fueron separados en todo el país por delitos graves como violación y terrorismo. De ese total, una parte importante corresponde a casos registrados en Condorcanqui, donde los abusos sexuales contra estudiantes indígenas han sido denunciados reiteradamente por líderes comunitarios y organizaciones de mujeres.
Voces desde las comunidades
La lideresa awajún Rosemary Pioc Tenazoa, del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis, advirtió que los casos no han disminuido. Solo en lo que va de 2025, ya se reportaron más de 20 nuevas denuncias de violencia sexual en comunidades de Condorcanqui.
“Cuando una niña de la Amazonía denuncia, la justicia es lenta, casi inexistente. Si fueran hijas de artistas mediáticas, ya habría justicia”, expresó Pioc a LaRepública, quien además denunció las trabas en el acceso a la justicia y la falta de apoyo psicológico para las víctimas.
Obstáculos para la justicia
Las condiciones de las fiscalías en Condorcanqui son precarias. Informes de la UGEL y medios especializados revelan que muchas veces no hay papel, tinta ni computadoras para atender denuncias, lo que genera desconfianza en la población. A esto se suma la ausencia de intérpretes awajún y wampis, lo que limita la atención con enfoque intercultural.
En enero de este año, un caso emblemático evidenció las debilidades del sistema: el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Utcubamba absolvió a un docente acusado de agresión sexual contra una adolescente indígena, decisión que generó rechazo del Ministerio de la Mujer y del Minedu.
Asimismo, en julio una auditoría de la Contraloría General de la República evidenció que varios Centros de Emergencia Mujer (CEM) en Amazonas y San Martín no llevaron a cabo las acciones necesarias para brindar atención integral a las víctimas, incumpliendo gravemente con su deber de protección y asistencia.
Entre la violencia y las economías ilegales
Otro factor de riesgo es la migración de agresores hacia economías ilícitas como la minería ilegal, donde, según denuncias locales, algunos exdocentes destituidos ahora emplean a niños y adolescentes en condiciones de explotación. Esta situación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que coloca a menores como escudos humanos frente a eventuales intervenciones del Estado.
La supervisión de la Fiscalía en Condorcanqui busca enviar un mensaje claro: los delitos de violencia sexual y contra la niñez no quedarán impunes. Sin embargo, los desafíos persisten. Las comunidades exigen una verdadera depuración de autoridades locales, recursos adecuados para fiscales y policías, y una respuesta estatal con enfoque de género e interculturalidad.
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