El Ministerio Público solicitó que el Poder Judicial dicte una prisión preventiva de 18 meses contra el exjuez supremo César Hinostroza, quien es investigado por delitos vinculados a tráfico de influencias agravado y organización criminal, en el marco del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley programó una audiencia virtual para este miércoles 10 de septiembre a las 14:30, donde las partes expondrán sus argumentos antes de que se adopte una decisión sobre la medida solicitada.
La petición fiscal a la que accedió RPP está directamente relacionada con la presunta injerencia de César Hinostroza en tres procesos de habeas corpus tramitados ante la Corte Superior de Justicia del Callao, los cuales favorecieron a figuras como Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle, Juan Antonio Pesantes Gutiérrez y Orlando Velásquez Benites. Estos procesos, según la acusación, habrían contado con el apoyo y coordinación de Hinostroza en conjunto con otros magistrados y abogados, con el propósito de obtener resoluciones judiciales favorables, alterando así el curso legal y beneficiando a personas con investigaciones abiertas.
En el caso de Javier Jesús Alvarado Gonzales del Valle, el Ministerio Público sostiene que el abogado de Alvarado, José Luis Castillo Alva, recurrió directamente al entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo, para que intercediera ante el juez Darío Aponte Fernández. La meta era que Aponte elaborara una resolución en forma ilegal e irregular en el expediente de habeas corpus con el objetivo de dejar sin efecto la investigación preparatoria contra el exgobernador regional.
Respecto a Juan Antonio Pesantes Gutiérrez, se señala que en 2013 Castillo Alva promovió un proceso de habeas corpus en el Octavo Juzgado Penal de Callao buscando anular una resolución judicial que impuso condena de prisión efectiva a Pesantes. Aquí, según la investigación, Hinostroza coordinó con Ríos Montalvo y Castillo Alva, y entregó un USB con el proyecto de resolución a Ríos para que, junto con Madeleine Del Águila —funcionaria judicial—, ultimaran un fallo favorable a los intereses de Pesantes. La sentencia adoptó finalmente el sentido propuesto.
En el proceso seguido por Orlando Velásquez Benites, exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Hinostroza habría influido para que la demanda de habeas corpus a favor de Velásquez fuera declarada fundada y se anularan disposiciones fiscales en su contra por desobediencia a la autoridad. Además de actuar como presidente de la Corte, Hinostroza mantuvo contacto frecuente con jueces y abogados involucrados, lo que quedó evidenciado en registros de llamadas y mensajes durante los meses en que se resolvieron los expedientes, según la acusación fiscal.
A la fecha, César Hinostroza permanece en Bruselas, Bélgica, donde huyó en 2018 tras el estallido del escándalo, ignorando una orden de impedimento de salida del país. Mientras tanto, la justicia peruana mantiene activo un pedido de extradición ante las autoridades belgas, aunque la cooperación judicial se ha visto obstaculizada por la ausencia de tratados bilaterales y la demora en las respuestas oficiales. Por años, Hinostroza recibió una pensión del Estado peruano pese a su condición de prófugo, hasta que la Oficina de Normalización Previsional suspendió el pago en 2024.
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