El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial la suspensión preventiva del cargo de comandante general de la Policía Nacional (PNP) que ocupa Víctor Zanabria, implicado en un escándalo de corrupción durante su gestión en la IX macrorregión Policial de Arequipa.
De acuerdo con el documento fiscal difundido este lunes por Panorama, que destapó el caso en abril pasado, el requerimiento contempla una separación temporal de 18 meses mientras avanza la investigación por presuntos delitos de peculado doloso, colusión agravada, negociación incompatible, abuso de autoridad y otros.
La solicitud se ampara en los artículos 297 y 298 del Código Procesal Penal, que autorizan esta medida en casos relacionados con delitos sancionados con pena de inhabilitación o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva.
En esta carpeta fiscal, Zanabria está vinculado a contrataciones irregulares hechas entre 2019 y 2020, mientras lideraba la región policial del sur. Según la pesquisa, durante su gestión se realizaron obras de infraestructura usando fondos públicos y mano de obra policial fuera del horario laboral.
Las obras incluyeron intervenciones en la capilla, el patio de armas y la fachada del complejo policial. El dominical reveló que seis suboficiales testificaron haber sido forzados a realizar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería, sin respaldo documental ni compensación económica, mientras eran reportados como si estuvieran en patrullaje.
Claver Colquehuanca, maestro de obra encargado de la refacción del templo, afirmó haber recibido S/ 4.700 como pago inicial, pero posteriormente se le transfirieron más de S/ 17.000. Según su testimonio, Zanabria le indicó cobrar el total y devolver la diferencia en efectivo. En el caso también está incurso el coronel en retiro Francis Alarcón Gallegos, hoy prefecto de Arequipa.
PNP rechazó denuncia
En respuesta, la PNP emitió un pronunciamiento oficial en defensa del general, señalando que la capilla fue construida con aportes voluntarios y participación activa del personal, sin afectar el servicio ni utilizar fondos públicos. La institución aseguró haber facilitado la labor del Ministerio Público y consideró la obra como un espacio de bienestar religioso al servicio de la comunidad católica de Arequipa.
“El señor general de Policía, a título personal, iniciará las acciones legales que correspondan; y la Policía Nacional del Perú, en tanto se trate de un espacio de bienestar, respaldará al alto mando policial conforme a ley”, concluyó el pronunciamiento.
Zanabria rechazó las acusaciones y sostuvo que los trabajos realizados por el personal policial fueron voluntarios y en beneficio institucional. Sin embargo, el abogado de los denunciantes presentó documentación oficial que contradice esta versión. En junio, tanto él como el coronel vinculado en el caso no asistieron a la citación del fiscal Arturo Valencia, quien dispuso la ampliación de la investigación.
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