Las organizaciones indígenas amazónicas denuncian que el Estado peruano, bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, ha consolidado un grave retroceso en la protección de los derechos humanos y ambientales al rechazar la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en la región Loreto.
El pronunciamiento se basa en la decisión tomada el 4 de septiembre por la Comisión Multisectorial PIACI (Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial), que desaprobó, con ocho votos contra cinco, el Estudio Adicional de Categorización (EAC) para la creación de la zona protegida, proceso respaldado por más de dos décadas de gestión indígena y el hallazgo reciente de 113 nuevas evidencias antropológicas que confirman la existencia de los pueblos Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina) en aislamiento.
Organizaciones, como AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas), ORPIO (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente) y la Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche, han advertido que la negativa oficial desconoce tanto el sustento científico como las demandas históricas de las comunidades amazónicas.
El escenario se ha visto agravado por el contexto político y la presencia de sectores que han bloqueado el proyecto de reserva, entre ellos representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Defensa (Mindef), el Ministerio del Interior (Mininter) el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y las municipalidades provinciales de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas, alineados bajo una postura anti Piaci.
Intervención política y desestimación de pruebas
La sesión de la Comisión Multisectorial PIACI estuvo precedida por el congresista Celis Mori, autor del Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR. Según la denuncia, esta intervención buscó ejercer presión y contravino el carácter reservado del encuentro. El proyecto propone revisar todas las reservas indígenas cada seis meses, con posibilidad de que el Congreso las anule, recorte o extinga bajo criterios relacionados con el desarrollo regional. Las organizaciones consideran que esta iniciativa constituye una amenaza directa a la vida y continuidad de los pueblos en aislamiento.
En el debate, los sectores contrarios desestimaron más de un centenar de evidencias –incluyendo malocas, chacras y restos de utensilios– presentadas por el equipo consultor, mencionan. El Serfor defendió ante la comisión la validez de contratos de concesiones forestales, a pesar de que la legislación impide otorgar títulos habilitantes en territorios solicitados para reservas indígenas. “Con ello, el organismo legitimó la ilegalidad y puso en entredicho su rol como garante de derechos y conservación”, indicaron las organizaciones denunciantes.
Ausencias oficiales y advertencias de riesgo
Durante el proceso, los sectores del Minsa, Minedu y Minam no estuvieron presentes en la sesión, pese a su obligación de salvaguardar derechos fundamentales, indican las organizaciones. La falta de respaldo coloca en mayor riesgo a los pueblos amazónicos en situación de aislamiento, que enfrentan amenazas crecientes por actividades vinculadas al narcotráfico, la deforestación, la trata de personas y las economías ilegales en la Amazonía, advierten.
Las organizaciones indígenas aseguran que este rechazo favorece intereses económicos y criminales por encima del derecho de los Piaci a vivir en paz y dignidad. “No hay otra opción que perseverar frente a la infamia y redoblar esfuerzos en defensa de la vida”, señalaron los representantes de AIDESEP.
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