Machu Picchu: concluyó concesión de servicios de buses a ciudadela inca, ¿cómo afectará a turistas el cambio de concesionaria?

Luego de tres décadas de operaciones exclusivas, el contrato de Consettur Sac, la empresa que tenía la concesión de la ruta de buses que une Aguas Calientes con Machu Picchu, llegó a su fin el 4 de septiembre. Desde 1995, la compañía transportaba a millones de visitantes cada año hacia la ciudadela inca, con prórrogas y críticas constantes por supuestas irregularidades en la gestión.

La culminación del contrato abre un nuevo escenario para el acceso a Machu Picchu. El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, anunció que se implementará un plan de contingencia de cuatro meses con la habilitación de empresas locales —incluyendo operadores de transporte escolar— mientras se organiza una licitación definitiva.

“El plan contempla que, a inicios del 2026, una empresa local sea seleccionada para brindar el servicio de manera permanente, priorizando a operadores de la zona”, detalló el Gobierno Regional a través de un comunicado oficial.

Durante este periodo de transición, las autoridades aseguran que se garantizará la continuidad del transporte de pasajeros. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad de las nuevas empresas para cubrir la demanda de visitantes y sobre la infraestructura necesaria, hasta ahora en manos de Consettur.

Infraestructura y cuestionamientos pendientes

La Cámara de Turismo de Cusco (CARTUC) advirtió que la operación de la ruta presenta un riesgo de desorganización, pues gran parte de la infraestructura, como patios de maniobra, estacionamientos y grifos, sigue siendo propiedad de Consettur.

Juan Stoessel, vicepresidente de CARTUC, sostuvo: “Si iba a culminar el contrato, el responsable tenía que haber hecho un concurso previamente y estar preparado para que el que gane entre a operar. En Aguas Calientes no hay espacios, no hay grifos, no hay lugar para guardar un bus. Lo que existe es de propiedad de Consettur. Es obvio que van a seguir operando”.

Para el gremio, esta situación refleja una falta de previsión del Estado y podría generar problemas en la logística de traslado de los turistas. Además, Stoessel pidió la intervención del Gobierno central y de instituciones como Sunat y Sunafil para garantizar fiscalización y transparencia en el proceso.

“Machu Picchu es patrimonio mundial. La PCM, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el de Ambiente y otras entidades deben intervenir. El país necesita un plan de turismo que incluya mejoras en infraestructura y accesos mecanizados. Esto no puede seguir así”, enfatizó.

Pronunciamiento de gremios y protestas en Urubamba

El 3 de septiembre, diversas organizaciones profesionales y empresariales del turismo emitieron un pronunciamiento público donde expresaron su “profunda preocupación” por la falta de claridad en la continuidad del servicio tras el fin del contrato de Consettur.

“El vencimiento del contrato de concesión era un hecho conocido; sin embargo, no se definieron mecanismos claros de continuidad ni se garantizó transparencia sobre el proceso”, señalaron los gremios.

Según advierten, esta incertidumbre afecta directamente a los visitantes que ya habían adquirido boletos con Consettur y proyecta al mundo la imagen de un país incapaz de gestionar adecuadamente su principal destino turístico.

Mientras tanto, en Urubamba, un grupo de manifestantes vinculados a la empresa saliente marchó exigiendo la defensa del turismo y criticando la gestión municipal por no licitar a tiempo la ruta. Sin embargo, se registraron altercados con quienes consideran que estas protestas buscan mantener los privilegios económicos de Consettur.

Iniciativa legislativa para recuperar la ruta

En paralelo al debate regional, la congresista Ruth Luque Ibarra presentó el Proyecto de Ley N.º 12294/2025-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la recuperación de la ruta Hiram Bingham y su administración directa por parte de las municipalidades de la provincia de Urubamba.

La propuesta busca evitar que la operación quede en manos de un monopolio privado y que, en cambio, sean las autoridades locales las que gestionen el servicio en coordinación con los gremios de transporte y turismo de la zona.